El Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina y el Consejo Federal de Política Criminal, asociaciones que agrupan a los procuradores y fiscales general de la totalidad de las provincias del país y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hacen conocer a las autoridades nacionales y provinciales su preocupación por los atentados contra la vida y la seguridad de Fiscales y Jueces producidos recientemente en la Provincia de Santa Fe en el marco de procesos judiciales contra organizaciones mafiosas.

Que consideran imprescindible, y así lo peticionan, que los tres poderes del Estado, ya sea nacional o provinciales, articulen políticas activas en procura de asegurar el pleno y correcto ejercicio de las funciones, evitando que la mafia y el delito superen el poder de las instituciones.

En el mismo sentido manifiestan preocupación por hechos de la misma índole ocurridos en Provincia de Buenos Aires reconociendo, en esta, como en la Provincia de Santa Fe, el compromiso de las autoridades políticas en la gestión de la problemática.

A la par decide convocar a las demás asociaciones nacionales e internacionales para instalar el tema como política de estado y formular propuestas superadoras.

El comunicado lleva la firma del presidente del Consejo de Procuradores, Fiscales, defensores y Asesores Generales de la República Argentina, y Pablo López Viñals, presidente del Consejo Federal de política Criminal.


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