Los organismos de DDHH de la CPM Chaco convocaron a acompañar la sentencia del juicio oral “causa Mazzoni Casco”, sexto por crímenes de lesa humanidad y primero en contar con imputados civiles implicados en terrorismo de Estado en el Chaco. Será este martes 1 de octubre a las 10 h en la sede del Tribunal Oral Federal de Resistencia (Irigoyen 33).

Ese día el tribunal que integran los jueces Juan Manuel Iglesias (presidente), la jueza Selva Angélica Spessot (de la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes) y el juez Eduardo Ariel Belforte, del Tribunal Oral de Formosa tendrá responsabilidad histórica de condenar por primera vez en el Chaco a un integrante de la “pata judicial” del genocidio como fue el ex funcionario judicial Roberto Mazzoni.

Mazzoni integró el dispositivo judicial (junto con los fallecidos Luis Córdoba, Rescka y Flores Leyes) de blanqueo de la represión del terrorismo de Estado. Por ello este juicio tiene una importancia especial en tanto la Justicia está juzgando su propio proceder en la época más nefasta de nuestra historia reciente y eso fortalece el proceso de memoria.

TERRORISMO DE ESTADO Y PODER JUDICIAL

Con su accionar Mazzoni revistió de falsa legalidad los operativos de secuestro y torturas a detenidos y detenidas políticas y omitió investigar las denuncias de crímenes gravísimos en la ex Brigada de Investigaciones, Alcaidía y U7.

Por ello la parte querellante en la causa le imputó los delitos de privación ilegal de la libertad cometida por funcionario público doblemente agravada por el empleo de violencia y por su duración mayor a un mes en cinco hechos, en concurso real con el delito de tormentos - agravados por ser la víctima perseguido político en dos hechos. Se requirieron 18 años de prisión para Mazzoni y  20 para el ex penitenciario Pablo Casco.

La Fiscalía pidió 16 años de prisión para Mazzoni, al que se le imputó el  encubrimiento e infracción de denunciar delitos en cinco hechos, la omisión de dar cuenta de una detención ilegal en 4 hechos en concurso real y el  incumplimiento de deberes de funcionario.

Asimismo se expuso como agravantes una serie de amenazas denunciadas por dos ex detenidas políticas cuando manifestaron al funcionario los tormentos sufridos en la Brigada. Para Casco se pidió la pena de 19 años de prisión por los delitos de tormentos. En ambos alegatos se remarcó que fueron los hechos juzgados deben ser señalados como crímenes de lesa humanidad.

CASCO; TORTURAS EN LA U7

Casco es recordado en la comunidad de sobrevivientes de la U7 como el jefe de la guardia más dura del servicio penitenciario que funcionara en el citado penal. Un auténtico verdugo que organizó un régimen destinado a la destrucción física y mental de los detenidos políticos en el cual la norma fueron castigos y sanciones de aislamiento sin motivo alguno, hacinamiento y trato cruel y denigrante permanente.

Esa “militancia por el quiebre” de los detenidos quedó manifiesta el domingo 12 de diciembre, cuando Casco se hizo presente en la U7 a pesar de que ese día era su franco para participar en la entrega de los detenidos que fueron sacados del penal y fusilados horas después en la Masacre de Margarita Belén.

ANTECEDENTES: SALTA Y MENDOZA

Cabe destacar que el martes pasado el Tribunal Oral Federal (TOF) en lo Criminal Nº 2 de Salta condenó al ex juez federal Ricardo Lona a 15 años de prisión por su partición en operativos ilegales de Ejército y Policía en 1976.

Por otra parte, a principios de mes la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó las condenas a prisión perpetua impuestas a los ex magistrados Luis Miret (fallecido en septiembre de 2017), Guillermo Max Petra Recabarren, Rolando Evaristo Carrizo y Otilio Romano, condenados en julio de 2017 por el Tribunal Oral Federal N°1 de Mendoza por su responsabilidad en crímenes de lesa humanidad.


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