Después de 150 días de interrupción por la pandemia de coronavirus, hoy se reanudará el juicio por la causa conocida como "Vialidad", en la que se juzga a la vicepresidenta Cristina Kirchner y a otros 12 acusados por el presunto direccionamiento de obras públicas viales en la provincia de Santa Cruz al Grupo Austral, del empresario santacruceño Lázaro Báez.

El juicio lo lleva adelante el Tribunal Oral Federal N° 2, integrado por Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso, y el fiscal del caso es Diego Luciani. El proceso se encuentra en la etapa de declaraciones de testigos.

Para la audiencia de este lunes estaba programado el testimonio del exministro de Energía y extitular de la Dirección Nacional de Vialidad Javier Iguacel, denunciante en esta causa, pero a pedido de las defensas fue reprogramado. Será el turno del testigo Marcelo Ramírez, ingeniero y presidente de la Comisión Permanente del Asfalto y de la Asociación Argentina de Carreteras, que fue citado por el tribunal.

Después de dos intentos en los que se presentaron fallas técnicas, la semana pasada el TOF 2 abandonó el sistema Jitsi Meet y realizó otra prueba vía Zoom, desde los tribunales federales de Comodoro Py y conectado con las partes, el fiscal y los organismos querellantes, que resultó exitosa. Los organismos querellantes en esta causa son la Oficina Anticorrupción (OA) y la Unidad de Información Financiera (UIF).

La última audiencia de este proceso, antes de que quedara interrumpido por la pandemia de coronavirus, quedó marcada por un cruce entre el fiscal Luciani y el abogado defensor de Cristina, Carlos Beraldi. El episodio de tensión se dio cuando el fiscal interrogó a la abogada Silvina Martínez -denunciante de los Kirchner y citada como testigo- por las empresas Valle Mitre, Los Sauces y Hotesur, que para la Justicia están relacionadas con el delito investigado en la causa Vialidad, y Beraldi objetó que esas preguntas "salían del objeto procesal".

Uno de los defensores, Mariano Fragueiro Frías, que representa en este juicio a Héctor Garro, objetó la implementación del sistema remoto y pidió estar presente en la sala de audiencias de los tribunales de Comodoro Py, donde solo se permitirá la presencia de los jueces y de las personas que declaren como testigos. En un escrito, Fragueiro Frías planteó su "disconformidad con la metodología semipresencial dispuesta por este tribunal para reanudar el debate oral y público".

El tribunal, con una disidencia del juez Jorge Gorini, resolvió por mayoría que la presencia del abogado está vedada por el protocolo sanitario y por lo resuelto el 23 de junio pasado, cuando se definió reanudar el juicio de manera remota y semipresencial. Sin embargo, el escrito de Fragueiro Frías y la resolución del TOF a su respecto dejaron la puerta abierta para un nuevo planteo de nulidad.

Beraldi también planteó e insistió ante el TOF para que el proceso oral fuera transmitido en vivo, vía YouTube, para garantizarse el principio de publicidad, al igual que como lo hizo el año pasado, antes de la indagatoria de Cristina Kirchner. El tribunal rechazó el pedido y garantizó que, en cuanto finalice la audiencia, el material grabado será enviado a las partes.

En esta causa, Cristina Kirchner comparte el banquillo de los acusados con otros 12 imputados, ente ellos, el exministro de Planificación Julio De Vido, Lázaro Báez y el exsecretario de Obras Públicas José López. En el expediente se investigan irregularidades en la adjudicación de 51 contratos de obras públicas viales en Santa Cruz a las empresas de Lázaro Báez, entre 2003 y 2015.

Esta es una causa clave en el panorama judicial de Cristina Kirchner. Según la acusación de primera instancia, el direccionamiento de los contratos es el delito precedente de los hechos investigados en las causas Hotesur y Los Sauces.

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