Pasada la medianoche del pasado miércoles 5 de mayo, al menos dos delincuentes ingresaron al edificio del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Santa Cruz y se llevaron 4 millones de pesos que estaban guardados en una caja fuerte y pertenecían al departamento de Tesorería.

Según informó el medio local Tiempo Sur, el hecho ocurrió durante una ventana temporal en la que el edificio estuvo sin vigilancia debido a que, en ese momento, se estaban realizando tareas de sanitización del lugar para evitar la propagación del coronavirus.

De acuerdo con la investigación, alrededor de las 6 de la mañana, un encargado de la seguridad de dicho Ministerio observó destrozos en el interior del edificio ubicado en Salta 75, en Río Gallegos, por lo que alertó a la policía de la División Comisaria Primera.

Allí, junto a especialistas del Gabinete Criminalístico, pudieron determinar el ingreso de al menos dos personas encapuchadas, que fueron registradas por las cámaras de seguridad hasta que las imágenes se vieron interrumpidas por la pintura en aerosol que los ladrones arrojaron en los lentes.

A su vez, constataron que los autores lograron ingresar al forzar las ventanas del sector anterior del inmueble, y así entraron a la Tesorería y violentaron la caja fuerte.

El edificio, ubicado a tres cuadras de la jefatura de la policía provincial, cuenta con guardias de una empresa privada, pero estos no se encontraban en el lugar ya que se estaban realizando tareas de sanitización y el ministerio fue completamente desalojado.

Por este motivo, los investigadores sospechan que los asaltantes tenían información privilegiada o de alguna manera sabían que no habría nadie en el edificio.

Ahora bien, se tomaron declaraciones testimoniales a diferentes testigos que trabajan en el lugar de los hechos, así como la del encargado de la Tesorería, quien constató el faltante de una suma que alcanzaría los 4 millones de pesos, que, se supone, debían ser destinados a diferentes proyectos de ayuda social.

El robo está siendo investigado por la División de Investigación (DDI) de Río Gallegos, junto al Servicio Especial de la Comisaría Primera a cargo de la jueza Valeria López Lestón.

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