Sancionarán con multas o arresto a quienes ofendan a trabajadores de la Educación y la Salud

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Tras consensuar varias iniciativas similares presentadas por los legisladores de las distintas bancadas, el parlamento sancionó con fuera de ley Nº 3145- J la modificación de varios artículos del Código de Faltas de la Provincia, previendo sanciones para quienes ofendan a trabajadores de la Educación y la salud en cumplimiento de sus funciones.

Para ello se modificó la ley 850-J (antes ley 4209) incorporando el artículo 44º Bis: Ofensa personal a trabajadores de la Educación dentro del Establecimiento Educativo, cuyo texto establece: “si el padre, tutor, curador o persona que alegare parentesco de un alumno, hostigue, maltrate, menosprecie, insulte, perturbe emocional e intelectualmente o de cualquier otro modo ofendan a un trabajador de la educación dentro del establecimiento educativo, sea público o privado será sancionado con multa de hasta 2 salarios mínimos, vital y móvil o arresto de hasta 10 días. Las sanciones previstas se elevarán al doble en su mínimo y máximo cuando las contravenciones se cometieran frente o en presencia de los alumnos.

Responsabilidad indirecta de los padres, tutores y curadores: Cuando un alumno menor de edad agreda en forma personal y directa con insultos, mofas o señas, que impliquen un agravio a personal directivo, docente y no docente de los establecimientos educativos de gestión pública y/o privada, en razón de su cargo, y siempre que el hecho no constituyere un delito, sus padres, tutores y curadores serán sancionados con multa desde un o hasta dos salarios mínimos vital y móvil.

Artículo 44 ter: ofensa a personal médico, enfermero, personal de ambulancia o agentes sanitarios, el nuevo texto prevé sanciones para quienes “ofendan o agredan físicamente – sin causar lesiones-  y/o verbalmente con gritos e insultos a médicos, enfermeros, personal de ambulancias o agentes sanitarios en efectores públicos o privados, serán sancionados con multas de uno y hasta dos salarios mínimos, vital y móvil o arresto desde 8 hasta 12 días”.

Artículo 66 Bis: falta contra trabajadores que cumplan funciones declaradas esenciales por la autoridad pública: serán sancionados con trabajo comunitario de 10 a 30 días o multa equivalente en efectivo de 3.500 pesos hasta 20 mil pesos a toda aquella persona que incurra en actos y/o conductas en contra de la dignidad o que ejerciera  violencia verbal o física o intimidación contra trabajadores declarados esenciales por la autoridad pública cuando ellos se fundaran en razón de funciones que desempeñan o porque su tarea se desarrolla o presumiblemente se desarrolla en espacios donde puede tener contacto con enfermedades contagiosas .

Artículo 68 Bis: Malos tratos contra el personal de la Salud: serán sancionados con arresto de hasta 30 días o multa equivalente en efectivo de hasta dos remuneraciones mensuales, mínima, vital y móvil o la realización de trabajos comunitarios durante los fines de semana, durante el plazo y con el alcance que en cada caso se determine entre el mínimo de un mes y el máximo de 4 meses, las personas que ocasionen o sometan a un trabajador de la salud sea profesional o no y el hecho tenga lugar dentro del establecimiento donde se desempeña, sea público o privado, o fuera de él, siempre que la conducta esté motivada en razón de su tarea, función o cargo, a malos tratos u hostigamientos físicos o psíquicos, menosprecios, perturbación emocional o intelectual o ejerza actos de violencia física y/o verbal y/o atentados contra el honor o imagen realizado por cualquier medio , siempre que la conducta no encuadre dentro de las normas del Código Penal.

El consenso para la aprobación llegó tras un cuarto intermedio oportunidad en que acordaron dar tratamiento a los proyectos presentados por los diputados Jaime Parra Moreno y Clara Pérez Otazú del bloque Frente Integrador (proyecto 804/2020); otro de la diputada del Bloque Justicialista Jessica Ayala (proyecto 805/2020), se sumó una iniciativa del diputado Livio Gutiérrez (6147/18) y una presentada por la diputada Claudia Panzardi (4833/19).

El titular del bloque Justicialista Juan Manuel Pedrini, planteó el tratamiento conjunto de los Proyectos de ley 804,20 (presentado por los diputados Jaime Parra Moreno y Clara PerezOtazu), y 6147,18 (de Livio Gutiérrez), por tener el mismo objeto legislativo.

El radical Leandro Zdero, adelantó que “hay una redacción conjunta donde los legisladores estuvieron trabajando, y es bueno destacar en estos tiempos donde la pandemia pone a luz, saca las miserias, a ese trabajador que le pone alma, corazón y vida para tratar de salvar vidas, cuando vuelve a su edificio, a su hogar, es atacada, sin saber las horas de cansancio”. “Debemos recuperar ese respeto, el mundo tiene que ver con la cultura del respeto, algo que tenemos que sacar adelante y visibilizarlo”.

Planteó que “este proyecto que habla de la ofensa a los trabajadores de la educación, y que tiene que ver con sacarle la autoridad y el respeto, recuerdo que volver a mi casa e insinuar hablar mal de un docente estaba mal visto, y hoy parece que el mundo es al revés, desde el hogar cuestionamos y ultrajamos al docente y a los trabajadores de la salud”. “Realmente vemos con muy buenos ojos aprobar esta ley”. “Es ponernos al lado de quienes están en la trincha” argumentó Zdero.

Por su parte la diputada Gladis Cristaldo, del bloque Scalabrini Ortiz de Forja, consideró que “en el mismo sentido, la acumulación de las iniciativas 614718 que está en comisión tiene informe favorable del Superior Tribunal de Justicia y abarca a las otras dos iniciativas PL 804,20 y 805,20, el tratamiento en este ámbito corresponde que se haga conjunta, a los efectos de que si se incorpora un artículo nuevo tiene que haber concordancia en su ubicación”, por lo que “anticipo mi voto que pase a comisión los tres proyectos unificados y ver si no hay otra iniciativa a estas tres, a los efectos de su tratamiento conjunto en la comisión respectiva”.

Intervino la diputada justicialista Claudia Panzardi para sumar y que se acumule el PL 4833,19 (de su autoría) “que guarda relación con estos proyecto, sin embargo, voy a solicitar que permanezcan en comisión hasta que tengamos los informes necesarios ya que estamos hablando de modificar el Código de Faltas”

“Merecen todo mi respeto, apoyo y valoración todo el personal de salud, por eso es que también hoy me sumaba con el proyecto de ley tendientes a que mejoren su situación, pero en la provincia no tenemos esa realidad que se ven en otras ciudades más grandes, donde una ley parecida fue sancionada, donde se registran muchos casos de personal del sistema de salud que comparten edificios y que muchas veces trascendieron problemas porque los vecinos tienen temor por el contagio”.

“Creo que no es la realidad de la provincia, creo que tenemos un respeto enorme, incluso, se han visto respaldado los médicos, lejos que hayan sufrido escraches, debemos poner en valor el esfuerzo de la provincia y el pueblo para poder superar este mal momento”.

“Hoy estamos apoyando distintos proyectos de ley, iniciativas del gobierno que se ha puesto al frente con aciertos y errores, el esfuerzo de todos los días, no podemos salir con una ley poniendo a la defensiva el pueblo cuando es el pueblo el que pone el pecho a las balas, no estamos en una situación en la provincia que ameriten a que sancionemos esta ley, sí que pidamos los informes” adelantó por lo que propuso “que se pueden acumular y que permanezcan en cartera”.

El radical Alejandro Aradas celebró que se pueda tratar el tema porque “suelo andar mucho por el hospital Perrando” dijo, por lo que enseguida el diputado Pedrini solicitó se “unifique el tratamiento incorporando el proyecto de Panzardi y que se abra la discusión”

Aradas, tomó la palabra para marcar la “la importancia de lo que estamos tratando y de hasta dónde el sistema político lastima al trabajo, y porque digo esto, porque este hecho que sucedió involucra a la guardia del Hospital Perrando”.

Contó que “vino un reconocido referente del movimiento social, con un familiar lesionado y a fuerza de gritos y patadas al personal de salud hizo que se lo atienda antes que otros pacientes más graves, a la fuerza y al grito de sabes quién soy yo, la respuesta de la policía fue aún más temerosa, no les conviene hacer denuncia, están relacionados con la política” relató Aradas, por lo que advirtió “espero que no sucedan más estas situaciones y que no nos tengan que contar estas situaciones que a veces el sistema político lastima, acá no hay que esquivarle al bulto pero alguna vez tenemos que empezar a enmendar los errores de la política mal ejercida” sostuvo.

La legisladora Panzardi, tomó la palabra para afirmar “con las disculpas del caso al diputado Aradas, me parce fuera de lugar afirmar algo porque no tenemos prueba para saber si esto sucede o no”. “Me duele que se demonice a los pobres.

Soy una agradecida al sistema de salud pero también puedo dar fe que muchas veces tuve que pelear para que atiendan a un pobre, para que hagan una cesárea, cuando uno tiene la responsabilidad y muchas veces uno saca coraje y fuerzas de donde no tiene por lo que no quiero que esto pase en esta situación donde a muchos y muchas les cuesta acceder al sistema de salud. Si esto es verdad constituye un delito, y deberá verse como se tipifica en el código penal. Siempre voy a estar a favor del respeto y  a favor de la no violencia” expresó.

Se sumó al debate la diputada Pérez Otazú – del bloque Frente Integrador – quien manifestó desconocer la existencia del proyecto del año 2019 de Panzardi, para luego expresar que “no comparto con lo que dice Panzardi de que no hay registro de hechos de violencias sin registros, no solo en salud sino de violencia de género, no solo en este contexto de pandemia, desde hace años y que no tienen registro, por eso estamos trabajando en un proyecto de observatorio” y luego se refirió con ejemplos y contando testimonios de lo que planteaba.

Luego explicó que “la idea del proyecto es para que de alguna manera con las denuncias, intervenga el juzgado de faltas, estamos en contra de las violencias, en contra todo tipo de personas, teniendo en cuenta el proyecto de Gutiérrez con opinión favorable, no veo porqué poner trabas para que esto no se apruebe” por lo que pidió el acompañamiento “porque la violencia hay que visibilizar, sin trabas” e invitó “a todos y todas a que trabajemos y visibilicemos todas las violencias , no solo para la salud, sino también para la docencia” fundó Pérez Otazú.

La diputada Jessica Ayala, precisó que “esto es todo lo contrario a lo que se dijo, se tiene a proteger a los médicos”.

“En este proyecto que existía lleva la demanda de los médicos, no me levanto un día pensando cómo hacer para estar en los medios, esto ha llegado desde los médicos del sistema de salud, no podemos desconocer la violencias, creo que la puesta en valor o no va más allá de cualquier opinión que se pueda hacer, pero creo que este proyecto viene del compromiso de varios legisladores, pero también de una demanda del sector de salud, No podemos legislar sobre el Código Penal, entonces, en el marco de la pandemia poder regular normas contravencionales, no podemos negar las violencias creo que esto apunta a esto, nuevas normas, nuevas contravenciones, creo que por esto merece el acompañamiento de los legisladores y legisladoras, si tenemos esta demanda porque no aprobarla” observó Ayala.

En tanto el diputado radical Gustavo Corradi, tomó de referencia el PL 6147,18 de autoría de su par Gutiérrez “que trabajamos en las comisiones, que tiene un dictamen afirmativo, incorpora nuevos tipos contravencionales” explicó y añadió “muchas veces hemos modificado el Código de Faltas, con la incorporación de tipicidad, tiende a introducir en la sociedad un mayor respeto hacia las autoridades públicas o privadas.

Creo que hay que marcar introducir el  mayor respeto tanto de los educadores, educandos, miembros de la salud pública o privada, cuando habla del tema de salud, cuando hace a la responsabilidad, es claro, no se a qué se debe tanto la discusión con un proyecto que ya tiene despacho con informe del Superior Tribunal de Justicia (STJ)” refirió Corradi.

En tanto, la diputada Teresa Cubells, sostuvo que “se han mezclado todo, la violencia son delitos, y los delitos están tipificados y tiene un carril y es ahí por donde hay que ir, como mínimo tienen que ir a comisión a ser consultas, estudios y escuchar las voces de todos sobre estas iniciativas”.

“Aquí se ha mezclado mucho, tenemos que separarlo por lo que se ve, nos preocupa porque tiene una mirada punitivista, y que tenga un aval del STJ la verdad que si hablamos de perspectiva de Derechos Humanos, la verdad que es un porcentaje que hay que reconocer que no los tiene las recomendaciones enviadas, la verdad que eso no nos satisface y no nos da la seguridad que vaya por el buen camino, desde el vamos estamos en contra, como mínimo tiene que ir a comisiones” propuso.

Gladis Cristaldo, del bloque Scalabrini Ortiz intervino para indicar que “la pandemia ha puesto en discusión la cuestión de los trabajadores de salud, y de otros que le están poniendo el cuerpo, arriesgando la vida, destinatario de  malos tratos, de no dejar entrar a los edificios, Creo que hay delitos claramente tipificados, de la violencia contra las mujeres que establece todo un procedimiento, estamos hablando acá de conductas de faltas de contravencionales establecidas en el código de faltas, que pasa cuando una persona comete instigamiento contra otra persona” y citó un articulo del Código de Faltas, cuya conducta tiene una sanción y añadió “tenemos que tratar que estos antecedentes vayan a comisión y que tipifiquemos la contravención y le demos el carácter que corresponde, acá le estamos dando una sanción menor, si nos preocupa, es tan repudiable esta actitud, coincido que exagerar la carga punitiva no contribuye a que esa conducta social se modifique, hay que poner esa energía en la educación, trabajar los valores y los principios, la mejor propuesta  es reunir todas las iniciativas y que la comisión trate de sacar un despacho unánime” propuso Cristaldo.

Tras el debate, las 4 propuestas se acumularon, se consensuó el texto y se puso a votación que arrojó una mayoría aprobatoria de la norma, con 7 votos negativos.

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