El fiscal Patricio Sabadini dio otro paso en la investigación de presuntos hechos de corrupción en el Gobierno y posible lavado de dinero mediante contrataciones y adjudicaciones de obras públicas a empresas fantasmas o vinculadas a funcionarios públicos o sus allegados. Esta vez llegó hasta el vicegobernador Mateo Daniel Capitanich; su exesposa Mónica Estela Pereyra, que lo sucedió en la intendencia de Campo Largo; y a Branco Daniel Capitanich, hijo de ambos.

El fiscal solicitó a la Contaduría General de la Provincia que informe si estos son proveedores del Estado o fueron contratados ellos, a título personal o a través de empresas en la que tendrían alguna participación a partir de 2015.

El mismo informe solicitó respecto de su compoblano el dirigente peronista Orlando Rafael Sotelo; Luis Guillermo Roa; el empresario constructor Pedro Martínez, detenido en la causa Lavado II; el reconocido empresario correntino Sergio Rodolfo Nazer y su pareja, la abogada María Carolina Borchichi, que se desempeñara en el Ipduv y hoy integra el equipo de la Vicegobernación. Ésta última también se desempeñó como defensora de Raúl “Gusano” Menocchio, al que describía como “un perejil” en la causa por el doble crimen de Manuel Roseo y Nélida Bartolomé en la que terminó condenado a perpetua.

El interés de Sabadini surgió a partir de otra denuncia anónima que lo llevó a iniciar un expediente caratulado “Investigación preliminar s/ noticias críminis s/hechos de corrupción y lavado de activos”.

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