En mi carácter de presidente de la Comisión Provincial por la Memoria quiero plantear mi disconformidad con la sentencia al ex fiscal Roberto Mazzoni y al ex penitenciario Pablo Casco en lo que refiere a las absoluciones de la sentencia del Tribunal Oral Federal de Resistencia en cuanta esta cuestión no tiene relación con la verdad histórica y los hechos ocurridos durante el terrorismo de Estado en el Chaco.

La represión genocida está íntimamente ligada a la impunidad que facilitara el poder Judicial en el Chaco, que posibilitó el desarrollo de los hechos ventilados en el juicio oral. Mazzoni, junto con los fallecidos ex funcionarios judiciales Córdoba, Flores Leyes, Rescka, habilitaron los secuestros, las torturas, y las desapariciones. En esa trama se inscribe incluso un hecho emblemático del plan de exterminio de la última dictadura cívico militar como fue la Masacre de Margarita Belén.

Por ello, si bien rescato la sentencia condenatoria a civiles en tanto es la primera en su tipo, por crímenes de lesa humanidad, con un cómplice del aparato judicial entre los condenados, es mi opinión como militante político, sobreviviente y testigo en juicios de lesa que la cuantía de la pena de tan sólo once años de prisión no tiene relación con la gravedad y el injusto de los delitos cometidos.

Por otra parte la actitud de posponer el dictado de la sentencia fue un bastardeo para los ex detenidos y para el público en general. En ese sentido también debo señalar que se me coartó la posibilidad de brindar testimonio. Esta actitud de los jueces se relaciona con los retrocesos de los juicios de lesa durante el macrismo, como fue el intento de 2x1, rechazado por la movilización popular y otros ensayos para mitigar las condenas a los responsables del terrorismo de Estado.

Aníbal Ponti – Presidente en representación de la Asociación de Ex Detenidos Políticos de la Comisión Provincial por la Memoria CHACO, 2 de octubre de 2019.


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