El fiscal ante la Cámara Federal de Casación Penal Ricardo Wechsler pidió que se revoque el sobreseimiento al ex vicepresidente de la Nación Amado Boudou en el juicio oral por la falsificación de documentos públicos para transferir un auto Honda.

Con esa postura, el fiscal le deja abierta a Casación la decisión de ordenar un nuevo juicio oral o dictar la condena a Boudou y el resto de los acusados.

Wechsler presentó un dictamen ante la Sala IV de Casación, que mañana hará una audiencia con todas las partes del caso para analizar el fallo del Tribunal Oral Federal 1 que desvinculó a los cinco acusados. La fiscal del juicio, Stella Maris Scandura, había apelado y ahora el fiscal de Casación mantuvo su postura para que se revoquen las absoluciones.

Boudou, su ex pareja Agustina Seguín, la titular del titular del Registro Automotor 2 de la ciudad de Buenos Aires, María Graciela Taboada de Piñero, y los gestores Alberto Soto y Rodolfo Basiami comenzaron a ser juzgados en mayo pasado porque pusieron información falsa en tres documentos públicos para transferir un auto Honda. La acusación era por el delito de falsedad ideológica.

Se trató del primer juicio oral contra Boudou, quien ahora está siendo juzgado por el caso Ciccone. El Tribunal Oral, por mayoría, sobreseyó el 4 de agosto a todos los acusados.

Los jueces del tribunal Gabriel Vega y Adrián Grunberg señalaron que la titular del registro no tuvo ninguna responsabilidad en el hecho porque para culparla debió actuar con intención, algo que no comprobaron. La situación de Taboada de Piñero era clave porque era la única funcionaria nacional -como titular de un registro- cuando ocurrieron los hechos y esa situación impedía la prescripción de la causa.

Pero ante la absolución de Taboada de Piñero se reactivó la prescripción y los jueces entendieron que la causa estaba cerrada para el resto de los acusados que, así, fueron sobreseídos. En disidencia, el tercer juez del tribunal, José Michilini, entendió que la titular del registro era culpable por su accionar y votó por su condena. También por la de Boudou y el resto de los acusados.

La fiscal de juicio había pedido que todos los acusados -excepto el gestor Basiami para quien solicitó la absolución- sean condenados a la pena de tres años de prisión en suspenso por el delito de por falsedad de documento público agravada, que tiene una pena de tres años de prisión.

El veredicto del tribunal oral fue apelado por la fiscal para que sea revisado por la Cámara Federal de Casación Penal.

En esa instancia, el fiscal Wechsler compartió el criterio de Scandura. Sostuvo en un dictamen que presentó en la Sala IV de Casación que el caso no está prescripto porque hay elementos para acusar a la titular del registro y que se trata de un hecho agravado.

Wechsler no se pronunció sobre la responsabilidad de Boudou y le dejó a Casación la decisión de cómo avanzar en caso de compartir el criterio de revocar los sobreseimientos. Casación puede ordenar un juicio oral o disponer las condenas.

La decisión la deben tomar los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Juan Carlos Gemignani. Mañana harán una audiencia con la Fiscalía y las defensas de los sobreseídos que podrán exponer sus argumentos. Luego los magistrados quedarán en condiciones de resolver los planteos.

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