Los titulares de la Fiscalía General N°3 ante los tribunales orales en lo Criminal Federal de la Capital Federal y de Resistencia, Chaco, Gabriela Baigún y Federico Carniel, respectivamente, con la colaboración de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) que encabeza Diego Iglesias,  interpusieron una queja por recurso de casación denegado. Fue luego de que el Tribunal Oral Criminal Federal N° 6 porteño no hiciera lugar al recurso de casación interpuesto por el Ministerio Público Fiscal contra la resolución del 29 de diciembre pasado, que rechazaba dictar su incompetencia para continuar supervisando la ejecución de la pena impuesta a Carlos Alberto Salvatore por los delitos de estafa procesal y falsificación de documentos públicos.
Salvatore registra numerosos procesos por narcotráfico y lavado de activos provenientes de su actividad ilícita, entre los cuales presenta una condena –no firme- a 21 años que le impuso el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Resistencia por el contrabando de una tonelada de cocaína. Los representantes del Ministerio Público Fiscal refirieron que “es evidente que el principal interés de Salvatore radica en que se le conceda el beneficio de la prisión domiciliaria en el marco del presente legajo, en el que se ejecuta una pena ostensiblemente inferior a la impuesta" por el TOF de Resistencia. El pasado 15 de febrero, el juez de ejecución de la Capital Federal resolvió no hacer lugar al recurso de casación interpuesto por el MPF. El magistrado no convalidó la declinatoria propuesta, al señalar que “no hay actualmente una condena que ejecutar por no encontrase firme la sentencia, de modo que mal podría unificarse la condena dictada por esta sede con aquélla”.
Asimismo, los fiscales hicieron hincapié en que las decisiones que se toman en el legajo de ejecución en la justicia federal de la Capital Federal “repercuten en las demás causas seguidas contra Salvatore”, en las que tienen intervención los propios Carniel e Iglesias, “y pueden poner en riesgo el cumplimiento de los objetivos de política criminal del Ministerio Público Fiscal, así como los compromisos asumidos por el Estado nacional en la lucha contra el narcotráfico”.

Los fundamentos de la queja del MPF

Los fiscales advirtieron en la presentación suscripta en conjunto que se encuentran ante una decisión que ocasiona un perjuicio de difícil o imposible reparación ulterior para la actividad requirente propia del MPF. Allí recordaron los riesgos que importa la permanencia del legajo en la sede del Tribunal Oral Criminal Federal N° 6, toda vez que de prosperar los planteos de la defensa, en cuanto desemboquen en una morigeración de la situación de encierro de Salvatore, podría generar “un escándalo jurídico al verificarse el dictado de sentencias diversas e incluso antagónicas respecto de la misma cuestión”.
En ese sentido, señalaron que se debe evitar “que el TOF Nº6 dicte resoluciones contradictorias con las que ha adoptado el TOF de Resistencia, impactando además en los otros proceso que afronta Salvatore, en los cuales se encuentra detenido a la espera de que se celebren los respectivos juicios orales”.
El MPF además explicó que no está en discusión el hecho de que la sentencia del TOF N°6 -a dos años y dos meses de prisión- está firme y la dictada por los jueces de Resistencia se encuentra pendiente de revisión por la Cámara Federal de Casación Penal, sino la aplicación de ese criterio de asignación de competencia. Los fiscales se refirieron a la serie de argumentos que eran conducentes para resolver el caso de una manera diversa, y que el juez no valoró.
“La solución debe obtenerse mediante una visión global del caso, teniendo en cuenta las circunstancias que lo rodean, la cantidad de procesos que se le siguen a Salvatore en diferentes jurisdicciones a lo largo y ancho del país, la relevancia de éstos y cómo las decisiones que se toman en este legajo pueden repercutir en los demás”, sostuvieron. Y agregaron que es en la sede del TOF de la justicia porteña donde Salvatore pretende obtener una morigeración en su encierro, yendo en contra del criterio ya establecido por el tribunal oral federal chaqueño.


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