El Congreso de Perú volvió a aplazar para la tarde de este martes el debate sobre el eventual adelanto a este año de las elecciones generales, reclamado enfáticamente por la cuestionada presidenta Dina Boluarte como una forma de sofocar las protestas que tienen en vilo al país desde hace más de 50 días, con al menos 48 muertos.
El Congreso había resuelto anoche postergar para esta mañana a las 11 (13 de Argentina) el debate sobre un eventual anticipo de las elecciones a 2023, después de que semanas atrás aprobara un adelanto electoral para abril de 2024.
La sorpresiva decisión de Acción Popular (AP) de votar en contra de evaluar comicios para 2023 forzó esta nueva postergación, que será de unas horas, hasta las 16 local, con un final más abierto que antes.
La mayoría de AP se sumó de esta forma a las bancadas de izquierda, entre ellas Perú Libre, y a Renovación Popular, en contra de tener elecciones este año, que es lo que reclaman miles de peruanos en las calles, como una forma de salir de la crisis política e institucional.
#CongresoInforma l Se amplía la primera legislatura del Período Anual de Sesiones 2022-2023, con el fin de debatir las reformas constitucionales que demanda la población. pic.twitter.com/IMwhA3REOc
— Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) January 31, 2023
Los partidos de izquierda consideran que la propuesta debe incluir un referendo sobre la Asamblea Constituyente.
Boluarte y el partido fujimorista Fuerza Popular (derecha) abogan por anticipar las elecciones para este año, que podrían ser en octubre o diciembre próximos en lugar de abril de 2024, como fijó el parlamento en diciembre.
Las manifestaciones que crecen
Mientras las protestas aumentan en ciudades del sur, en Lima, un grupo de agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) se ubicó en los puntos de ingreso al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez ante una manifestación que transcurría muy cerca de la terminal aérea.
Decenas de campesinos aimaras marchaban exigiendo la renuncia de la presidenta en la ciudad andina de Juliaca, en la región sureña de Puno (a 1.350 kilómetros de Lima), reportó la agencia AFP.
Al grito de "el pueblo unido jamás será vencido", los campesinos con trajes típicos se movilizaron por las calles de Juliaca, donde el 9 de enero fallecieron 18 personas en choques con las fuerzas del orden.
El poder político no logra hallar una respuesta a las demandas de la población, sobre todo rurales del sur andino de mayoría indígena, históricamente postergada, que había apostado a mejorar sus condiciones de vida con la llegada del izquierdista Pedro Castillo a la presidencia (2021-2022), destituido y detenido el 7 de diciembre tras intentar disolver el Congreso.
El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, afirmó que el Centro Histórico será declarado como zona intangible para evitar que se produzcan más actos de vandalismo y violencia, como los ocurridos en los últimos días a raíz de las marchas.
“Tenemos que hacerle frente a todas estas marchas que están paralizando Lima, porque Lima sí nos toca gobernarla, en base a unirnos todos para evitar esas marchas, por lo menos el Centro de Lima, que vamos a declararlo zona intangible absolutamente”, expresó en Independencia, distrito al que llegó para impulsar la campaña Familias Saludables.
Aliaga pidió al Concejo Metropolitano que apruebe, cuanto antes, una ordenanza. “Le pido aprobar, de una buena vez, una ordenanza donde se les prohíbe usar la Plaza San Martín para hacer su comida… O sea, después de destrozar Lima se van a tomar trago. Se van a chupar. Así no es. Está mal. Más respeto. Más respeto por el bien de todos nosotros”, manifestó.
“Están destrozando la economía de Lima, la economía de todo el Perú”, aseveró el funcionario, que recordó que el 90% de la economía es informal y está conformada por gente que vive de lo que gana en el día.
“No se puede estar destrozando la ciudad. Que se vayan a otro lado, pero en Lima no es bienvenida esa gente que viene a destrozar. Si fueran marchas pacíficas, sí. Lo que hacen es destrozar Lima”, refirió.
El alcalde pidió a la presidenta Boluarte que saque al Ejército para que resguarde los aeropuertos, puertos, carreteras, hidroeléctricas, “todo lo que sea esencial”.
“Vienen acá a ejecutar abusos, de los que ya estamos hartos. Esto tiene que ser solucionado de una buena vez. Sino convocaré, como alcalde, a marchas para hacerle frente a esta gente”, agregó.
Los manifestantes se movilizaron ayer hasta el centro de la capital, donde están el palacio presidencial, el parlamento y tribunales de justicia, y que fue escenario de violentos enfrentamientos entre encapuchados y la policía en los últimos días, pero sin que se registraran incidentes, a pesar de la reacción del alcalde Aliaga.
