Ahora, para ser juez federal en Comodoro Py 2002 en el juzgado que ocupaban Rodolfo Canicoba Corral o Sergio Torres, hay que rendir en el examen temas tales como “lawfare” o “criminología en tiempos de totalitarismo financiero”, según el temario del concurso que convocó el Consejo de la Magistratura.

Se trata del concurso número 450 convocado a fin de diciembre de 2020 para ocupar el juzgado federal N° 6, que ocupaba el juez jubilado Canicoba Corral y el 11 que ocupaba Serio Torres, ahora juez de la Suprema Corte bonaerense.

Los jurados de ese concurso, elegidos por sorteo, que presentaron el temario son Roberto Falcone, juez de Tribunal Oral Federal de Mar del Plata y profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata, es uno de los firmantes de la solicitada fundacional de Justicia legítima; Omar Minatta, ex juez de la Cámara Penal de Trelew, Alejandra Lázzaro, secretaria de la Cámara Electoral y Adriana Molina, profesora de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales (FCJS) de la Universidad Nacional del Litoral (UNL).

El examen está convocado pare el 16 de marzo próximo y hay gran cantidad de inscriptos.

El temario que presentó el jurado para que los aspirantes a jueces preparen llamó la atención de la Comisión de Selección del Consejo de la Magistratura, presidida por Graciela Camaño, por su extensión y la profusión de temas que incorporaba. “Parecía el programa de una materia de la facultad”, deslizó un empleado del Consejo cuando lo vio.

Pero también llamó la atención porque buena parte del temario es más ideológico que técnico con categorías que no están en el mundo del derecho, como mencionó un camarista cuando leyó el contenido.

El temario señala entre los temas “la criminalización de la protesta social con el corte de calles”, “el llamado lawfare; noción y funcionamiento”; “la justicia federal argentina: problemas estructurales y principales propuestas de cambio”, “los jueces y su ideología, diferencias entre opiniones políticas y partidistas”, el “activismo de los jueces” y Criminología Latinoamericana: la criminología en tiempos de totalitarismo financiero”.

El mecanismo del concurso es el siguiente: sobre la base de este temario, cada uno de los jurados tienen que entregar el día del examen un sobre cerrado con un caso real o imaginario para que los candidatos a jueces proyecten una sentencia. Este caso a desarrollar tiene versare sobre algunos de los temas contenidos en el temario.

Se sortea qué sobre se va a usar en el examen y ese es el caso real o imaginario que deben resolver los concursantes.

En el Consejo de la Magistratura miraban con preocupación el asunto e ironizaban poniendo ejemplos de casos de examen que podían tener que resolverse aplicando la teoría del “lawfare”.

El reglamento del Consejo menciona que “la prueba de oposición escrita consistirá en el planteo a cada concursante de uno o más casos, reales o imaginarios, para que cada uno de ellos proyecte una resolución o sentencia, como debería hacerlo estando en ejercicio del cargo para el que se postula”. Y abunda: “los casos que se planteen versarán sobre los temas más representativos de la competencia del tribunal cuya vacante se concursa, y con ellos se evaluará tanto la formación teórica como la práctica”.

Algunos inscriptos estaban ya tomando precauciones por si fuera necesario impugnar el contenido del examen, dada la parcialidad con que podían evaluarse las pruebas de oposición, si es que se cuestionaban algunos de los puntos del temario propuesto por el jurado.

El lawfare es una teoría que esgrime el kirchnerismo para definirla alianza entre un sector de la justicia, los medios y el poder la persecución de líderes populares. Esta construcción, que no está desarrollada en el ámbito de la doctrina jurídica, les permite descalificar las condenas que recibieron los ex funcionarios de su Gobierno en los casos de corrupción.

Cristina Kirchner es la primera que señala que es víctima del lawfare, que encarnó primero en el juez Claudio Bonadio que la muliprocesó y ahora en los jueces que la están juzgando.

Fue Axel Kicillof, el gobernador bonaerense, quien le dio entidad institucional al lawfare al incluirlo en los considerandos de un decreto provincial mediante el cual designó a funcionario, a pesar de estar procesado, porque en lugar de considerar que la Justicia había dictado una sentencia, entendió que era víctimas de esta práctica persecutoria.

LA NACIÓN

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