En Uruguay reclamaron avanzar en el proceso de Memoria, Verdad y Justicia y pidieron que se juzgue la complicidad empresarial.

“Lo peor que hay es que nos mientan”, dijo la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, en la audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que se desarrolló en Uruguay sobre Derecho a la memoria, verdad y justicia por crímenes de lesa humanidad en Argentina. De la audiencia participaron representantes de organismos de Derechos Humanos, quienes manifestaron su preocupación por los retrocesos en las políticas públicas del Estado en el proceso de Memoria, Verdad y Justicia. El secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, Claudio Avruj, en representación del Poder Ejecutivo tildó de falsas las acusaciones de los organismos y los acusó de tener “prejuicios basados en intereses partidarios”.

El reclamo se realizó en el marco de las audiencias públicas del 165 período de sesiones que la CIDH que se realizan en Montevideo, donde Abuelas presentó un documento consensuado por trece organismos de DD.HH con los principales retrocesos en materia de derechos humanos, en el que solicitaron al Estado “garantizar las políticas para asegurar la plena continuidad y profundización del proceso de Memoria, Verdad y Justicia por los crímenes de lesa humanidad” y avanzar en el juzgamiento de las responsabilidades civiles.

En el documento citaron el fallo de la Corte por el 2x1, la anulación de la condena a 12 años por crímenes de lesa humanidad al empresario salteño Marcos Levin, demoras en inicio de juicios (particularmente en los tribunales de San Martín y La Plata) y sentencias absolutorias con la incorporación de la figura del error de prohibición (que no conocían que ss conductas eran delitos), entre otros episodios que pusieron de relieve la avanzada en contra del proceso de derechos humanos.

“Estas decisiones judiciales o el debilitamiento de áreas del estado no constituyen hechos aislados ni pueden comprenderse sin el contexto en el que se producen. En estos años han reaparecido en el discurso oficial los conceptos de guerra y reconciliación. El propio presidente omite referirse a estos hechos como Terrorismo de Estado o crímenes de lesa humanidad”, dijo al hablar ante la Comisión, Estela de Carlotto.

La presidenta de Abuelas remarcó que los organismos ven con preocupación que “desde las más altas esferas se promueve desandar el camino recorrido en estos cuarenta años de lucha”. Por eso elevó el pedido a la CIDH el pedido al Estado.

“Lo peor que hay es que nos mientan, eso es inaceptable porque creo que no lo merecemos y porque en la democracia más larga de nuestra historia hemos dialogado con todos los gobiernos, sin distinción de que partido político representaban, sino deseando saber la verdad y encontrar 30 mil personas desaparecidas, y las abuelas más de 500 nietos”, apuntó Carlotto.

La presentación del caso estuvo a cargo de Carlotto, del abogado de la Asociación, Alan Iud, y de Luz Palmas Zaldúa, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Junto a la Abuela se sentaron la Madre de Plaza de Mayo – Línea Fundadora, Taty Almeida, y Lita Boitano de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas. De la audiencia también participaron H.I.J.O.S. Capital, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Asociación Buena Memoria, Comisión Memoria, Verdad y Justicia Zona Norte, Familiares y compañeros de los 12 de la Santa Cruz, Fundación Memoria Histórica y Social Argentina, Liga Argentina por los Derechos del Hombre y el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos.

El documento concluyó con un reclamo de cinco puntos a los tres poderes del Estado argentino. Los organismos pidieron la continuidad y profundización del proceso de Memoria, Verdad y Justicia; que se avance en la investigación de las complicidades empresarias y exigieron al Ejecutivo que “reestablezca las políticas públicas desmanteladas y reincorpore al personal especializado desplazado”.

Por su parte, al Poder Judicial le exigieron que cumpla con las obligaciones internacionales de sancionar a los responsables, que “diseñe estrategas para acelerar las investigaciones y los juicios orales” y que se avance “en la investigación y juzgamiento de empresarios, directivos y personal jerárquico de empresas involucradas en crímenes de lesa humanidad”. Al Legislativo le exigieron que ponga en marcha la Comisión Bicameral de Identificación de las complicidades Económicas y Financieras en la dictadura civico militar.

Entre los reclamos a la CIDH, Iud remarcó la situación de los fiscales y de la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, y el cuestionamiento de su independencia. Por su parte, Palmas Zaldúas señaló la campaña de desprestigio a la que es sometido el CELS.

Al responder por el gobierno, Claudio Avruj consideró las imputaciones como “falsas afirmaciones fundadas en prejuicios basados en intereses partidarios” y defendió la política de Memoria, Verdad y Justicia. Además invitó a la Comisión a concurrir al país para ver cómo el Estado trabaja con documentación. “Estamos trabajando bien”, dijo. “Alentamos el camino de la Memoria, la Verdad y la Justicia”, dijo el funcionario. Y completó: “Nuestras acciones nada tienen que ver con la de la dictadura”.

Fuente: Tiempo Argentino

 

 

 

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