Por orden del juez Sebastián Casanello, la Justicia dispuso nuevos allanamientos en el contexto de la causa por posible desvío de fondos públicos por parte de dirigentes sociales del Polo Obrero.

La investigación está centrada en reconstruir "la ruta del dinero" piquetero y se sospecha que habría por lo menos cuatro sociedades comerciales “fantasma” implicadas en este circuito irregular.

En cuanto a la línea de investigación que sigue el juez federal, se partió de la premisa de que la organización piquetera utilizó "facturación apócrifa" y simuló "gastos no concretados" para "disfrazar el verdadero uso de una parte importante de los fondos". 

Los operativos llevados a cabo durante la jornada tuvieron lugar en los siguientes domicilios: una imprenta, un departamento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y un edificio de oficinas que ya estaba en el radar de la Justicia por facturas falsas, lavado de activos y operaciones financieras ilegales.

Las firmas implicadas en la investigación

Con estos procedimientos, la investigación está orientada a reunir documentación sobre MinisioTrade SRL, una firma que estaría vinculada a otras sociedades tildadas de "sospechosas", como Recinsur SA, VSP Consulting SA, Ciriaco Shoes SRL y Coxtex SA. Lo más notable es que cada una de ellas aparece en los registros de facturas apócrifas de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

Fuentes judiciales revelaron a Infobae que en este enmarañado circuito de facturación trucha, habría una empresa ligada al Polo Obrero utilizada para desviar fondos.

Luego de allanar a los socios de Costex SA, se redoblaron las sospechas en torno a la actividad de esta empresa: los investigados resultaron ser también socios de otras empresas creadas en 2020, señaladas por AFIP como una "usina de facturas truchas".

A fin de determinar el funcionamiento de estas sociedades en general y de Costex SA en particular, se está investigando al entorno de profesionales implicados en la fundación de las organizaciones. Por este motivo también allanaron a un escribano, un abogado y dos gestores, cuyas computadoras y celulares están bajo análisis y podrían aportar pistas relevantes en la ruta del dinero piquetero.

Rumbos SRL es otra de las firmas que llamó la atención de los investigadores por otras irregularidades. En principio, la Justicia baraja la hipótesis de que se trata de una empresa que desviaba fondos para destinarlos a gastos de campaña.

Se identificaron facturas emitidas un mismo día varias veces por idéntico monto, vendiendo productos distintos. A su vez, el domicilio legal de esta firma pertenecía a un aportante del Partido Obrero.

El Gobierno está fuertemente involucrado con los avances de la investigación: si bien el juez Casanello rechazó el pedido del Ministerio de Seguridad para ser querellante, la cartera que conduce Sandra Pettovello sí fue aceptada en el expediente.

La Oficina Anticorrupción, Unidad de Información Financiera y Poder Ciudadano también habrían solicitado ser querellantes en la causa contra los piqueteros.

Frente a esto, el Polo Obrero ya presentó un pedido de nulidad de la investigación y sus representantes legales hicieron hincapié en presuntas irregularidades durante el allanamiento llevado a cabo el pasado 13 de mayo en el domicilio de la calle Monteagudo 730 y 732, donde se ubica la sede de la Asociación Civil Polo Obrero.

Esta presentación judicial que interpuso el Polo Obrero objetó el operativo realizado y puso el foco sobre supuestas "arbitrariedades", por lo que exigieron la anulación total del proceso, incluyendo la devolución de los teléfonos secuestrados, las planillas de asistencia y los informes de "castigos"  reunidos en el marco de la investigación.

Fuente: Perfil


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