Visitó la redacción del diario, Diego Vigay, fiscal Federal ad hoc en Causas de Lesa Humanidad y que está llevando adelante una investigación junto con la Fiscalía Federal de Resistencia desde hace tres años, sobre lo que fue la masacre de Napalpí ocurrida en 1924 con el objetivo de que se logre un reconocimiento y se llegue a la verdad de lo sucedido, como deuda del Estado argentino para los pueblos originarios.

La investigación preliminar tiene la pretensión de que luego inicie como un Juicio por la Verdad, teniendo en cuenta que puede ser juzgado como delito de lesa humanidad. Si bien hoy en día no existen sobrevivientes o testigos vivos de la masacre, al igual que imputados, la Fiscalía tomó el caso de oficio y ahora tienen el trabajo para un requerimiento de instrucción elevado a la jueza Zunilda Niremperger.

“El primer acto fue tomarle testimonio a Pedro Valquinta, el único sobreviviente de la masacre. Es un testimonio con un valor simbólico, interesante porque fue la primera vez que un sobreviviente pudo contar lo que ha pasado en un estrado judicial”, además contaron con registros documentales de otros testimonios como el de Melitona Enrique y Rosa Chará,ambas sobrevivientes y hoy también fallecidas y cuyos hijos también prestaron declaración.

“La verdad es que es muy emblemático y extraordinario cómo los relatos traducen en primera persona como si estuvieran hablando sus madres. Esto tiene que ver con una cuestión cultural de nuestros pueblos originarios a partir del relato oral que se da de generación en generación”, dijo Vigay.

A los testimonios también se le agregaron investigaciones periodísticas, libros y demás escritos que están publicados, que se complementan entre sí y fueron adosados a la investigación.

“Tenemos el expediente judicial de la provincia, el Congreso de la Nación nos dio toda la versión taquigráfica de la interpelación que se hizo al Ministro del Interior de la época. Informes sobre las reducciones indígenas y sobre lo que era Napalpí, donde se corrobora la situación extrema de pobreza y explotación que vivían las comunidades. Conseguimos los legajos de los policías que intervinieron” además de los registros que el aeroclub del Chaco brindó acerca del avión utilizado.

La versión oficial

Vigay dio a conocer que la versión oficial hablaba de una sublevación y de un enfrentamiento entre distintas etnias que luego devino en un enfrentamiento con los policías en la reducción. “Pero de la reconstrucción que se pudo hacer, existió una huelga muy importante de los trabajadores y con un reclamo muy concreto sobre la supervivencia de las familias. Había una toldería donde la protesta y en algún momento hubo una negociación”, comentó.

Según lograron investigar, las reducciones tenían como objetivo principal concentrar la población de los pueblos originarios en territorios acotados y así ir ganando espacio que sería utilizado para la producción económica. En Chaco la idea era hacerse de los campos para plantar algodón. “En ese marco es que estas comunidades deciden irse de la provincia pero el gobernador saca un decreto provincial, que se da de patadas con nuestra constitución, donde les prohibía irse y esto fue generando el acorralamiento y una decisión política de ahogar en sangre esa protesta”.

El avión realizó una tarea de inteligencia para saber cuántos eran y a media mañana se conformó una línea de fuego con 130 policías junto con algunos civiles  y donde se producen “andanadas de disparos” que terminan con la vida de hombres, mujeres y niños.

Se habla entre 300 y 400 víctimas en total, en tanto que los niños que sobrevivieron fueron llevados como criados a familias blancas a kilómetros de allí.

“La pretensión es que se pueda hacer un Juicio por la Verdad donde se reproduzcan estos testimonios y la jueza pueda dictar sentencia para que la Justicia emita una opinión, una síntesis de lo que fue la masacre de Napalpí”, remarcó, ya que esto sería un precedente muy importante a nivel nacional para reconstruir de alguna manera, “una gran deuda con los pueblos originarios” para saldar el gran genocidio que comenzó en el siglo XIX y se extendió hasta el XX.

Un precedente que puede servir de impulso

En Formosa se produjo una masacre en Rincón Bomba, durante el gobierno de Juan Perón. La causa avanzó muchísimo porque tenía una persona viva de 100 años, un imputado. Durante la apelación de ese procesamiento, la Cámara Federal de Resistencia emite un dictamen confirmando el procesamiento, donde considera a la masacre como crimen de lesa humanidad, el cual no prescribe.

En 2017, la Fiscal Federal de primera instancia de Formosa dictaminó que la causa en el plano penal sí debe frenarse porque el imputado falleció pero por otro lado, en la segunda parte, insiste en el planteo de los querellantes por saber la verdad y propone al juez Federal de dicha provincia emitir una sentencia y resolución en este sentido.


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