En medio del debate por la despenalización del aborto, el presidente de la Nación, Mauricio Macri, sorprendió en su discurso de apertura de sesiones del Congreso con otro tema crítico: el embarazo adolescente no intencional en la Argentina.

“Cada año más de 100 mil chicas menores de 19 años quedan embarazadas y siete de cada diez de esos embarazos no son intencionales”, aseguró el mandatario. La situación no es nueva y la vienen denunciando hace años distintas organizaciones dedicadas a la salud, como Unicef y la OPS. Pero nunca ha sido prioridad.

“El 15% de los partos registrados por año es de una madre adolescente, esta cifra se mantiene estable desde hace más de una década”, dijo Adolfo Rubinstein, ministro de Salud de la Nación. “Esto implica en muchos casos pérdida de la escolaridad, de oportunidades laborales. Esto tiene profundas implicancias, sin contar que el embarazo adolescente tiene mayor tasa de complicaciones y también muchos terminan en abortos inducidos”, agregó.

Para abordar esta problemática, el Gobierno puso en marcha el Programa Nacional de Prevención y Reducción del Embarazo no Intencional en la Adolescencia (ENIA), donde los ministerios de Salud, Educación y Desarrolo Social trabajarán en forma coordinada.

“Hasta ahora se venía trabajando de forma desarticulada: Salud tenía su programa de salud sexual y reproductiva, que básicamente lo que hacía era consejería y entrega de anticonceptivos, Educación trabajaba en las escuelas y Desarrollo Social  en una estrategia territorial. Lo que ahora se logró es que los tres ministerios de manera  integrada trabajen en el Programa”, explicó Rubinstein.

El plan estratégico cuenta con cuatro componentes, según puntualizó el ministro. El primero es la concientización social sobre la magnitud del problema del embarazo adolescente: en la Argentina cada año nacen unos 3 mil bebés de madres niñas, menores de 15 años.

El segundo punto es la educación sexual integral desde la escuela primaria y, fundamentalmente, en la secundaria, donde se debe reforzar lo que es consejería. En tercer lugar, la entrega de anticonceptivos (orales, dispositivos intrauterinos e implantes subdérmicos) y, por último, garantizar que en los casos de abuso la interrupción legal del embarazo se realice en forma segura.

Para desarrollar el Programa, el Gobierno se valió de la experiencia del Reino Unido. En dicho país el embarazo no deseado entre menores de 18 años se redujo un 55% en los últimos 15 años gracias a la implementación de programas que fomentaron la educación sexual en los colegios, la comunicación entre padres e hijos y mejoras en el acceso a la anticoncepción.

Una de las primeras medidas del Ministerio de Salud fue jerarquizar el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, que de ahora en más pasará a ser una Dirección. En ese sentido, Rubinstein negó que haya habido una discontinuidad en el trabajo del Programa. “Hubo un mes de demora en la entrega de preservativos y eso se subsanó el mes siguiente. Este programa va a tener fondos suplementarios en anticonceptivos, va a haber más presupuesto para prevenir el embarazo adolescente”.