La Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, habló en ese organismo sobre “las preocupaciones críticas de derechos humanos en la provincia nororiental de Formosa”, durante la crisis sanitaria desatada por el coronavirus.

La ex presidenta de Chile se refirió este lunes a un informe de la ONU acerca de las políticas restrictivas que llevó a cabo el gobierno de Gildo Insfrán en esa provincia argentina, “cuando la pandemia se apoderó de ella”.

“En Argentina, el equipo de la ONU en el país se movilizó rápidamente para responder a las preocupaciones críticas de derechos humanos en la provincia nororiental de Formosa cuando la pandemia se apoderó de ella. El Coordinador Residente de la ONU dirigió una misión de evaluación virtual con la participación de UNICEF, UNFPA, OMS / OPS y ACNUDH. Luego inició consultas con las autoridades sobre un posible programa estratégico conjunto de la ONU para responder a la emergencia sanitaria en la provincia de acuerdo con las normas internacionales de derechos humanos, que incluye abordar una serie de problemas estructurales, con especial atención a los pueblos indígenas y las poblaciones vulnerables”, indicó Bachelet en un documento oficial, en el marco del Consejo de Derechos Humanos del organismo.

No hay antecedentes en los últimos años de una mención de este estilo en una actualización oral de la alta comisionada. De hecho, Argentina pasó así de tener la Vicepresidencia del Consejo de derechos humanos a ser citados por la situación comprometida en esa materia, en este caso en la provincia de Formosa.

A principios de febrero de este año, la oposición, con el PRO a la cabeza, envió un informe a Bachelet para denunciar presuntas violaciones a los derechos humanos en la provincia de Formosa, por los regímenes de aislamiento y distanciamiento obligatorios impuestos debido al COVID-19.

La presidenta del PRO y ex ministra de Seguridad durante el gobierno de Mauricio Macri, Patricia Bullrich, junto a otros siete referentes del partido, expusieron en ese documento casos concretos, con nombre y apellido, “de personas que han sido víctimas de injustificables decisiones gubernamentales”.

Quienes firmaron el informe enviado a Bachelet mostraron en ese momento “su preocupación” y se pusieron a disposición de la Alta Comisionada de DDHH en la ONU, “esperando que se impulsen ‘Alertas Tempranas’ sobre la situación crítica que vive la provincia de Formosa”.

El informe de 25 páginas concluyó que el esquema de prohibiciones establecido por el Gobierno nacional, su implementación y control, operó como un régimen propicio y adecuado para la violación de los derechos humanos de los y las habitantes del país. Agregó que el Gobierno nacional, y en particular el Gobierno provincial de Formosa, desarrollaron una política que favoreció y promovió acciones gubernamentales arbitrarias en perjuicio de la vida, la salud, la integridad y la dignidad de las personas. Asimismo, el texto afirmó que los organismos gubernamentales nacionales no ejercieron el debido control para evitar estas violaciones de derechos y no llevaron a cabo acciones suficientes para garantizar el respeto a estos derechos fundamentales.

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