Este viernes es el día temido por toda España. En Madrid, el Senado aprobará la aplicación del artículo 155, que prevé le intervención en Cataluña para evitar la secesión e implica la destitución del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y el posterior llamado a elecciones.

En Cataluña, el Parlament regional evalúa si trata la propuesta de independencia de Juns pel Sí y la CUP (Candidatura de Unidad Popular), que plantea "constituir la República catalana como un estado independiente, y soberano, de derecho, democrático y social". Si se aprueba, el conflicto con Madrid será llevado a un nuevo nivel.

Sin embargo, el panorama es muy complicado para los secesionistas. Además de las múltiples barreras legales -los letrados del parlamento no aceptaron la enmienda que pretende tratar la independencia este viernes-, ante la inminencia de la ruptura, los dos principales bancos de Cataluña, el CaixaBank y el Sabadell, anunciaron que trasladarán sus sedes a otras regiones de España. Los siguieron miles de empresas.

En este escenario de incertidumbre y de tensiones crecientes al interior de Junts pel Sí, la coalición gobernante, Puigdemont dejó en manos del Parlament la decisión declarar la independencia y desechó llamar a elecciones, que en un momento surgió como posibilidad de consenso con Madrid.

Todo indica que, de un modo u otro, el Parlament avanzará en la declaración de la independencia. Los interrogantes son cómo decidirá llevarla a cabo, qué posibilidad real tendrá de materializarla y cuál será la reacción inmediata de Madrid.

La independencia de Cataluña, bajada a la realidad

El politólogo Pablo Simon, profesor de la Universidad Carlos III de Madrid dijo a Infobae que "la proclamación unilateral de la independencia de forma inmediata tendría muchos problemas operativos porque implicaría tomar control de la Policía y de las fronteras, y eso no ha ocurrido nunca sin violencia". Otro escenario es que haya "una declaración de independencia que aplace la exclusión definitiva, para que se produzca una secesión negociada. Esto es lo más probable".

Ninguna de estas posibilidades está exenta de graves consecuencias. Evidentemente, la más preocupante sería la primera, una separación que pretenda hacerse efectiva inmediatamente, como quiere la CUP, el aliado más radicalizado de Puigdemont. El problema es que España se vería prácticamente obligada a intervenir por la fuerza. La alternativa de una declaración más simbólica tampoco estaría exenta de inconvenientes, ya que algo tendría que hacer Madrid, pero sería un desafío más fácil de encauzar sin violencia.

"Este escenario plantea serias dudas acerca de si las instituciones catalanas tienen capacidad real de mantener el control sobre el territorio. En mi opinión, no. Después de que el Gobierno español haya mostrado su lado más violento y atendiendo a la ocupación policial con más de 10.000 agentes, y a la militancia pacifista que por el momento están teniendo las movilizaciones soberanistas, nada hace pensar que ese control pueda hacerse efectivo", explicó Roger López Ayala, profesor de ciencia política en la Universidad de Barcelona, consultado por Infobae.

Por otro lado, el requisito fundamental para ser un país independiente es ser reconocido como tal por otros. En este momento, no hay posibilidades de que algún Estado relevante de la región esté dispuesto aceptar a Cataluña como un par. Esto haría aún más difícil llevar a la práctica cualquier intento de secesión.

"La Unión Europea (UE) la trataría como un interlocutor no válido, lo que desataría un problema de negociación internacional. Además, el gobierno español le cortaría cualquier tipo de financiación", dijo a Infobae Gema Sánchez Medero, profesora de ciencia política de la Universidad Complutense de Madrid.

Las posibles respuestas de Madrid

Lo que en el fondo hace difícil imaginar que Cataluña consiga llevar a la práctica el plan que eventualmente indique el Parlament es que España no está dispuesta a permitirlo. Y la diferencia de recursos institucionales, políticos y económicos entre los dos estados es demasiado grande.

"Tras los episodios del pasado 1º de octubre, el Gobierno ha dejado en claro cuál será el tono de su gestión del conflicto: legalidad por la fuerza —dijo López Ayala—. En realidad, más fuerza que legalidad, dado que las actuaciones de las semanas previas y posteriores al domingo de votación (del referéndum) quedan enmarcadas en un dudoso respeto a las garantías institucionales más básicas que se desprenden del respeto a los derechos fundamentales o a la separación de poderes".

La respuesta que se avizora más factible desde el punto de vista legal es la aplicación del artículo 155 de la Constitución española, que le permite al gobierno central suspender ciertas competencias de las comunidades autónomas cuando está en riesgo el interés general. Pero como la redacción es algo vaga, no está claro cuán a fondo podría ir en su ejecución.

"Para aplicar el artículo tiene que llevar al Senado un plan de acción con las competencias que le restaría a la comunidad y la cámara tendría que aprobarlo —dijo Sánchez Medero—. La cuestión es si se atreverán a ir más allá y a imponer un gobierno transicional hasta que se convoque a elecciones. Eso implicaría detener al presidente de la Generalitat y a los miembros de su gobierno. Ésas son algunas de las opciones que se están barajando, el punto es hasta dónde llegar".

La decisión no es sencilla para Rajoy. Las imágenes de la represión policial durante el referéndum recorrieron el mundo y fueron muy criticadas. Cuanto más radical sea su intervención en Cataluña, más fuerte será la reacción y, por ende, los riesgos de quedar deslegitimado ante la comunidad internacional.

Jordi Matas, director del Departamento de Derecho Constitucional y Ciencia Política de la Universidad de Barcelona, no es demasiado optimista. "Si son capaces de llegar a los límites del 1 de octubre, uno imagina que pueden hacer cualquier cosa. Por tanto, no descarto una suspensión de la autonomía, el encarcelamiento de los representantes políticos catalanes, y una mayor represión popular, que incluya también la persecución de los medios de comunicación y de muchos otros derechos y libertades. Pero tampoco descarto que el pueblo de Cataluña siga en pie, protestando", sostuvo en diálogo con Infobae.

En última instancia, la respuesta de Madrid dependerá en gran medida de los términos en los que el Parlament declare la independencia. Si lo hace con cierta cautela, reconociendo implícitamente que no está dispuesto a imponerla por la fuerza, el gobierno español podría reaccionar con moderación.

"En ese caso se abren diferentes caminos —dijo Simon—. Una alternativa es plantear solamente un recurso ante el Tribunal Constitucional para dejar sin efecto la declaración y luego seguir esperando. Eso disminuye la probabilidad de violencia. Sería una guerra fría en la que nadie dispare primero. Pero habría que ver qué ocurrirá en el momento en que alguien dé un paso en falso. Porque aplicar el artículo 155 sería grave, y si los Mossos d'Esquadra (la policía catalana) desobedecieran, también".

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