El empresario de la construcción Pedro Martínez finalmente se entregó ante la Justicia Federal y quedó detenido ayer en la División Bomberos de la Policía del Chaco, en el marco de la causa “Lavado II” que investiga el presunto lavado de dinero y malversación de fondos derivados de supuestos sobreprecios pagados por el municipio de Resistencia para la concreción de obras públicas en la ciudad de Resistencia.
Luego de los allanamientos efectuados a fines de marzo, entre ellos uno en la vivienda de José María Paz y casi avenida 9 de Julio, el referente de la construcción local quedó finalmente apresado, publicó el medio Chaco Día por Día.
Por esta misma causa están imputados la exintendenta de Resistencia, Aída Ayala (con pedido de desafuero y detención); el secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales de Resistencia, Jacinto Sampayo; su pareja, Mónica Centurión; su hijo, Facundo Sampayo; el empresario, Alejandro Fischer; su mujer, Fátima Rigassio; los empresarios de la construcción, Carlos Huidobro y Pedro Martínez; Natalia Martínez Guarino (hija de Pedro Martínez); Ricardo Lopez Freschi; Luis Escobar y Rolando Javier Acuña.
Cabe recordar que en su elevación a la jueza federal Niremperger, el fiscal Patricio Sabadini sostuvo que Aída Ayala integró “un grupo de personas destinado a beneficiarse con fondos municipales, a través de la concesión de servicios públicos a un cartel de empresas con un alto índice de sobreprecios”.
Según la acusación, la ex intendenta habría contado para ello con la colaboración, según la imputación, del dirigente sindical, Jacinto Sampayo, quien habría terminado siendo parte del negociado, perpetrado a través de la firma PIMP S.A., una suerte de muñeca mamushka, cuya disección conduciría a la jefa comunal y Sampayo.
PIMP tenía un único cliente: la Municipalidad de Resistencia. Se conformó apenas días antes del llamado a licitación que terminó ganando pese a sus nulos antecedentes en la materia. En su estructura societaria figuraban “nombres interpuestos”, es decir presuntos prestanombres o testaferros que disimulaban a los verdaderos propietarios. Y se habrían asegurado ingresos que excedían largamente la gestión.
Aída ratificó inocencia y afirmó que no hubo renegociación con Pimp
La diputada nacional y ex intendente de Resistencia, Aída Ayala, imputada por la Justicia Federal, negó todos los delitos que se investigan y aseguró que hay “una maniobra política” de fondo. En ese sentido, expresó que
La legisladora por Cambiemos se expresó “consternada ante una situación que es una pesadilla. La gente en el Chaco me conoce, me ha votado como diputada nacional y yo siento la obligación de responderle. Que la gente común, doña Rosa, la sociedad civil, todos sepan la verdad. Acá hay dos caminos: la Justicia, donde me presenté cuando me enteré por los medios que pedían la detención para investigarme”.
“Hay una ley de fueros que determina que un diputado puede ser investigado, indagado, procesado y condenado con las leyes. Hoy los fueros están justamente para que en casos de persecución política se proteja a ese representante del pueblo de la Nación Argentina”, precisó durante declaraciones radiales reproducidas por el portal citado anteriormente.
“Soy inocente y tengo la sensación personal que es una maniobra política donde se valen de la inocencia de la Justicia. Yo lo único que pido a la Justicia es que lea, que vea cada una de las pruebas que estoy aportando. Y con la misma celeridad que ordenaron mi detención, que lean las pruebas”, pidió.
La legisladora de Cambiemos, exintendenta de Resistencia, se presentó al estudio de La Radio junto a su abogada y el requerimiento del Juzgado Federal, “donde se me acusa y se pide mi detención en base a esto que salió el 18 de febrero de 2016, donde Capitanich anunció la renegociación del contrato de PIMP S.A., entonces hay un ahorro para la Comuna, de $20 millones. Y acá están sentados estos empresarios con la banda que supuestamente yo dirijo, con Capitanich. Entonces el fiscal (Patricio Sabadini) supone que Aída Ayala se llevó esos $20 millones. Pero resulta que esta renegociación no existió. Acá está la prueba. Acá está firmado por Capitanich el 18 de abril de 2016, que es cuando anuncia la renegociación, anuncia una cosa, pero acá dice que se encuentran vigentes los contratos. Es mentira la renegociación y en esto se basa el fiscal para pedir mi detención”.
También dio a conocer un acta, “firmado por escribano público, que expresa que “al día de la fecha, 19 de abril de 2018, sigue vigente el mismo contrato. Dice que ninguno de los expedientes está en la Dirección de Compra y que no puede dar respuesta, que hay que pedir autorización a Economía pero que todo sigue igual sobre Relevamiento Catastral, que lleva más de 10 años, PIMP S.A. Acá hay documentos que dicen que no existió la renegociación por la cual el fiscal Sabadini me quiere ver presa”, apuntó.
Brindó precisiones del sistema de recolección y los vaivenes que en su momento atravesó durante su gestión frente al Municipio capitalino, y aseguró que “cuando llegó Capitanich continuó hasta el día de hoy con el mismo sistema. Si hubiera sido una maniobra ideada por una jefa de una banda, cómo se explica que los integrantes de esa banda estén sentados con Capitanich”.
“Yo viví de mi sueldo y vivo de mi sueldo”, aseguró Ayala y recalcó: “No tengo plata afuera del país. Que investiguen antes de meterme presa. No tengo un peso en el exterior. Ni siquiera tuve tiempo de pensar en mi futuro, ver en qué invertía. Yo vivo de mi sueldo. Tengo una casa, un auto. La gente sabe cómo vivo, dónde me visto. Alquilo circunstancialmente un departamento en Buenos Aires”.
“La honestidad es mi bandera y lo único que tengo como patrimonio es mi familia y mi honestidad”, afirmó.