En el marco de la causa “Lavado I”, donde se investigan delitos derivados de presuntos sobreprecios en la adquisición de bienes y servicios, la jueza Federal de Resistencia, Zunilda Niremperger, denegó el pedido de detención contra el ministro de Infraestructura, Fabián Echezarreta, solicitado en la mañana de ayer por el fiscal, Patricio Sabadini. Sin embargo, hizo lugar a la solicitud de arresto del ex titular de la Unidad Ejecutora “Chaco Construye”, Ismael Fernández; de Ramón Chávez (acusado de ser testaferro) y de Cristina Dellamea, sobrina de Ismael Fernández.
Además, la jueza también ordenó el allanamiento del Ministerio de Infraestructura y los domicilios de Fernández, Dellamea y Chávez. En el requerimiento donde pidió la detención de estas cuatro personas, Sabadini señaló que se habría podido constatar la presencia de un “esquema ilícito” integrado por Ismael Fernández, Ramón Alejandro Chávez, Cristina Mariel Dellamea, Graciela Fernández y Ernesto Fabián Echezarreta.
Este esquema habría servido “como mecanismo para la creación de empresas y sociedades –integradas por familiares y amigos- a fin de proveer bienes y servicios al Estado provincial, “concretándose maniobras fraudulentas en perjuicio del erario público y negociados irregulares e incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, que reportaron enormes ganancias ilícitas para sus partícipes durante un importante lapso de tiempo que comprende desde fines del año 2015 hasta la actualidad”.
La solicitud de Sabadini
En el marco de la causa denominada “Lavado I” (por la cual se investigan presuntos delitos vinculados a la adquisición por parte del Estado provincial de bienes y servicios con sobreprecios) el fiscal Federal de Resistencia, Patricio Sabadini, pidió a la jueza, Zunilda Niremperger, que se ordene la detención del actual ministro de Infraestructura, Fabián Echezarreta; del ex titular de la Unidad Ejecutora “Chaco Construye” , Ismael Fernández; de Ramón Chávez (cuya presunta participación delictiva sería la de ser testaferro) y de Cristina Dellamea, sobrina de Ismael Fernández. Todos bajo la acusación de ser miembros de una banda dedicada a enriquecerse con fondos públicos y de lavar dinero proveniente de esta actividad delictiva.
El fiscal acusó al ministro Echezarreta de ser coautor del delito de lavado de dinero agravado por habitualidad, por ser miembro de una banda, en calidad de partícipe necesario. Además, le imputó varios delitos precedentes a éste, entre los que se cuentan: negociaciones incompatibles con la función pública en calidad partícipe necesario; asociación ilícita, en calidad de autor; enriquecimiento ilícito, en calidad de partícipe necesario; fraude en perjuicio de la administración pública, en calidad de autor e incumplimiento de deberes de funcionario público.
A Ismael Fernández (cuñado del exsecretario general de la Gobernación, Horacio Rey, actualmente detenido por esta causa) también lo imputó por los delitos de lavado de dinero agravado por habitualidad, ser miembro de una banda y funcionario público, en calidad de coautor. Además, lo acusó de cometer negociaciones incompatibles con la función pública en calidad de autor, asociación ilícita, en calidad de jefe u organizador, enriquecimiento ilícito, fraude en perjuicio de la administración pública (en calidad de autor) e incumplimiento de deberes de funcionario público.
En cuanto a Cristina Dellamea, sobrina de Ismael Fernández, Sabadini la acusó por los delitos de lavado de dinero agravado por habitualidad, ser miembro de una banda, en calidad de coautora, con los delitos precedentes de negociaciones incompatibles con la función pública en calidad de partícipe necesario; asociación ilícita, en calidad de autora (pertenencia), enriquecimiento ilícito (como persona interpuesta) y fraude en perjuicio de la administración pública, en calidad de autora.
Cabe recordar que días atrás, Sabadini había ampliado la imputación en la causa Lavado I tras recibir informes sobre abultados depósitos bancarios a nombre de Graciela Fernández, hermana de Susana Fernández (esposa de Rey y también imputada en esta causa), y Cristina Dellamea.
De acuerdo al informe, Cristina se acogió en noviembre de 2016 a la ley de blanqueo de capitales y blanqueó la friolera de 3 millones de pesos y 900 mil dólares, según el documento aportado por el fiscal al ampliar su presentación ante la jueza, publicado por el diario Norte.
En mayo de 2017, luego de varias transferencias, constituyó cuentas en sociedad con su madre Graciela, y transfirió ahí sus depósitos de 1.116.702 pesos y 899.890 dólares.
Pero estos no son los datos más reveladores del resumen de sus movimientos bancarios sino cómo el depósito en pesos se incrementó más que significativamente gracias a los casi 2.780.000 de pesos transferidos por el Ministerio de Salud Pública en febrero y marzo de 2017; los 9.770.000 de pesos remitidos por Tesorería General de la Provincia abril, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2017; y los 10.215.000 de pesos transferidos por el Ministerio de Infraestructura (cuyo titular era Echezarreta) en mayo, junio, julio, agosto, octubre y diciembre.
Así, de los casi 25 millones de pesos de su cuenta, 22.768.586 de pesos ingresaron desde cuentas oficiales del Estado, en el transcurso del año pasado. A esto se suma el plazo fijo de 711.252 de dólares remanentes tras la merma de unos 190 mil dólares en la renovación de agosto de 2017.
Finalmente, a Chávez (presunto testaferro de Fernández), se lo acusa por los delitos de lavado de dinero agravado por habitualidad, ser miembro de una banda, en calidad de coautor, con los delitos precedentes de negociaciones incompatibles con la función pública en calidad de partícipe necesario, asociación ilícita, en calidad de autor (pertenencia), enriquecimiento ilícito (como persona interpuesta) y fraude en perjuicio de la administración pública.