“Es un paso constructivo que las elecciones han sido llamadas conforme a los plazos constitucionales y que la decisión definitiva recaiga sobre el pueblo peruano”, indicó un comunicado firmado por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, y divulgado esta tarde.

Sin embargo, la nota subrayó que “compete al Tribunal Constitucional del Perú pronunciarse respecto a la legalidad y legitimidad de las decisiones institucionales adoptadas, así como sobre las diferencias que pudieran existir en la interpretación de la Constitución”.

Además, Almagro exhortó a que “las partes realicen gestos que propicien la calma ante la crisis”, a fin de que “la ciudadanía no sea expuesta a hechos de violencia en un marco de conflictividad y fragilidad política”.

Vizcarra dispuso ayer la disolución del Congreso unicameral, invocando una facultad que le confiere la carta magna, y llamó, para el 26 de enero, a elecciones para integrarlo nuevamente.

La Constitución faculta -no obliga- al presidente a disolver el parlamento una vez que este haya denegado confianza al gabinete del Ejecutivo por segunda vez en un mismo período de gobierno.


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