El fiscal federal de Resistencia, Patricio Sabadini, presentó ayer el requerimiento de instrucción formal de la causa en la que imputa al exsecretario general de Gobierno, Horacio Rey, al exsubsecretario de Comercio, Roberto Lugo y a varias personas allegadas a ambos, considerándolas coautoras de los delitos de lavado de activos agravado por habitualidad, por ser miembros de una banda y por ser cometidos en ejercicio de la función pública.

El fiscal también solicitó a la jueza federal Zunilda Niremperger que libre la orden de detención de los dos primeros –que ya se encuentran privados de libertad por disposición de la justicia provincial- y de otras cinco personas vinculadas a esta investigación y requirió que la justicia provincial decline en el fuero federal las investigaciones por los delitos precedentes.

La juez se encontraba anoche analizando las peticiones que aprentemente están fuertemente respaldadas por documental en un el requerimiento de instrucción del fiscal Sabadini que cuenta con 106 páginas y 11 cuerpos.

En calidad de coautores sindica a Mónica Viviana Yaczuk, Claudia Soledad Varela y Ricardo Ariel Retamozo; como partícipes necesarios a Hugo Orlando Rey (hermano de Horacio Rey), Susana Beatriz Fernández (pareja de Rey y exsecretaria privada del gobernador Domingo Peppo), Ramón Alejandro Chávez y Gustavo Alejandro Katavich (exresponsable del fideicomiso de pautas publicitarias, detenido este martes), y a Facundo Gil, titular de la agencia de publicidad Brandon SRL, como partícipe secundario.

Los pedidos de detención apuntan a Horacio Rey, Roberto Lugo, Gustavo Katavich (los tres se encuentran privados de su libertad por orden de la justicia provincial) y a Mónica Viviana Yaczuk, Claudia Soledad Varela, Ricardo Ariel Retamozo y César Orlando Zibecchi.

Los delitos precedentes

Según señala el escrito, los supuestos delitos precedentes que dan lugar a la imputación por lavado de activos, en el caso de Horacio Rey y Roberto Lugo son los de “negociaciones incompatibles con la función pública”, “asociación ilícita”, “enriquecimiento ilícito”, “malversación de caudales públicos”, “fraude en perjuicio de la administración pública” (en el caso de Rey en 7 hechos) e “incumplimiento de los deberes de funcionarios público”.

Ocampo imputado

En el escrito el fiscal imputa y pide la indagatoria del ministro de Hacienda y Finanzas, Cristian Ocampo y de su esposa, la contadora Alicia Ceferina Vázquez, por presunto “fraude en perjuicio de la administración pública”, en 7 hechos y como partícipes del delito de lavado de dinero; además, solamente a Ocampo se lo imputa por “incumplimiento de deberes de funcionario público”.

Más involucrados

Al exsubsecretario de Políticas Comunicaciones, Paulo Butticé, detenido en la mañana de ayer por la justicia provincial, el Ministerio Público Fiscal lo imputa como autor de los delitos de “negociaciones incompatibles con la función pública”, “asociación ilícita”, “fraude en perjuicio de la administración pública”, en 7 hechos, “incumplimiento de deberes de funcionarios público” y como partícipe secundario en el delito de “malversación de caudales públicos”.

A la lista se agregan César Orlando Zibecchi y Patricia Raquel Zibecchi imputados por los delitos de “negociaciones incompatibles con la función pública”, en calidad de partícipes necesarios, “asociación ilícita” y “fraude en perjuicio de la administración pública”, en tres hechos.

Cuestión de competencia

El fiscal Sabadini planteó que los fiscales provinciales declinen su competencia en el fuero federal. El antecedente más cercano remonta al conflicto suscitado en la investigación de la sedición de la Policía del Chaco en diciembre de 2013 en reclamo por mejoras salariales. La situación derivó en esa oportunidad en una investigación preliminar del Ministerio Público Fiscal de la Nación y sendas causas en la justicia provincial que, finalmente, se zanjaron con la intervención de la Cámara Federal de Casación Penal que determinó que la competencia le correspondía a la justicia federal. En ese caso, anoche, fuentes allegadas a los fiscales provinciales adelantaron que quien resolverá la competencia será la Corte Suprema de Justicia de la Nación.


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