El festejo del cumpleaños de Fabiola Yánez en la Quinta de Olivos que violó las restricciones impuestas a las reuniones sociales por su pareja, Alberto Fernández, vuelve relevante un hecho anterior a ese escándalo que pudo pasar desapercibido para la mayoría, pero no para el Presidente. El 8 de agosto, Facundo Moyano difundió en las redes su renuncia al cargo de diputado nacional antes de cumplir la segunda mitad de su mandato. Ni la gravedad del escándalo que envuelve al gobierno evitó que Fernández se ocupara de prestarle atención a este asunto.
Facundo integra el clan familiar liderado por Hugo Moyano. Eje de un emporio empresarial cuya expansión y supervivencia está ligada a su capacidad de incidir en las decisiones del Estado. Una relación sobre la que edificó una trama de poder donde se entremezcla y sobresalen, entre otros, sus vínculos con el sindicato de Camioneros, el club Atlético Independiente y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
Esa acumulación lo volvió un aliado atractivo para Fernández, urgido de contrapesar la influencia de Cristina en el oficialismo por una simple contraposición de intereses. Moyano y la vicepresidenta se llevan mal desde el 16 de octubre de 2010. Ese día, en un acto sindical en la cancha de River, Moyano instó a que un trabajador llegue a la presidencia. La entonces presidenta recogió el guante. Le respondió que ella lo era.
La muerte de Néstor Kirchner 10 días después fue determinante para el alejamiento de los Moyano del gobierno. ¿Fernández teme que la historia vuelva a repetirse? Es la especulación de los sindicalistas que controlan la CGT. Le endilgan a Hugo la renuncia de su hijo y la autoría intelectual de la carta con la que fundamentó esa decisión: un glosario contra Cristina. Pero que tendría por destinatario a Fernández por sus aparentes promesas incumplidas. Según parece, prontas a convertirse en otro mal recuerdo.
Aún con el estallido de la crisis este fin de semana, el Presidente se hizo representar por la Primera Dama en la celebración del Día del Niño que Liliana Zulet organizó el viernes pasado en el club Independiente de Avellaneda, donde repartieron juguetes durante cuatro horas. Zulet es titular de algunas de las empresas del clan y la esposa de Hugo Moyano. No fue la primera vez que compartieron una larga reunión social. El 22 de agosto de 2020 estuvieron en un almuerzo en Olivos con el presidente, Hugo Moyano y su hijo menor, Jerónimo.
A la sobremesa de seis horas se sumó Wado de Pedro. La presencia del ministro de Interior fue asociada a la investigación de la Justicia bonaerense a Pablo Moyano por supuesta asociación ilícita con barras de Independiente. Los denominados Gordos aseguran que ese tema mantiene muy inquieto a Hugo. El fiscal Sebastián Scalera apeló el sobreseimiento a Pablo de la jueza Brenda Madrid en esa causa. La Cámara de Garantías de Lomas de Zamora no se expidió sobre el pedido de Scalera que denunció por coacción a Daniel Llermanos y Víctor Hortel.
Los abogados están acusados de intentar que el barra Damián Lagaronne altere su testimonio para beneficiar al hijo de Moyano. Hugo tiene en él al principal escollo para contratar otra defensa. Ningún estudio jurídico de prestigio desearía lidiar con Pablo. Un alivio ambiguo para Llermanos: el 30 de agosto prestará indagatoria por la denuncia de Scalera.
Las fotos de aquel encuentro familiar en Olivos también dieron que hablar por incumplir con el protocolo preventivo. Pero no en el grado del agasajo a Yáñez de un mes antes. La carta de Facundo refleja el cambio de contexto un año después. “No podemos conformarnos con un índice de pobreza de más del 40 % y una informalidad laboral del 50 %, en un mercado que no genera empleo formal hace más de diez años.”
Pero es el segundo párrafo el que expresa mejor la causa de su dimisión. Cita los cientos de proyecto presentados para proteger y “mejorar la seguridad vial.” En julio propuso estatizar los peajes y el mantenimiento de las autopistas Panamericana y del Oeste y que el 7 por ciento de las acciones sean propiedad del sindicato de trabajadores del Peaje (Sutpa). Un proselitismo que combinaría campaña e inversiones.
Facundo desea recuperar la secretaría general del Sutba aprovechando el aparente viento de cola que soplaría en el gobierno contra Mauricio Macri: los Moyano estarían persuadidos que la familia del expresidente mantiene vínculos con esas concesiones. Pese a las gestiones del presidente y de Sergio Massa para que Facundo revea su decisión, el gobierno no acompañó esa iniciativa. Más que en defensa de Macri, para no incordiar a Gerardo Martínez, titular de la Uocra. Los empleados de mantenimiento en las autopistas son afiliados a ese gremio, alineado con los Gordos. Allí se festeja lo que podría ser el primer paso del distanciamiento entre el gobierno y el clan. Un motivo de alegría en la desgracia. Moyano se sumaría a su desencanto con el Presidente. Esperaban que frene a Cristina. Tal vez por eso se animen a difundir el diagnóstico del camionero: una derrota del oficialismo en las urnas.
Aunque podría tratarse de una expresión emotiva. A Moyano le disgustó que no se incluya a su hijo homónimo entre los candidatos a diputado nacional por la Corriente Federal de los Trabajadores que lideran. Camioneros, Smata y la Asociación Bancaria (AB). Cristina eligió para eso a Sergio Palazzo, titular de la AB. Lo que habría desencadenado la orden a Facundo de renunciar a su banca. Además del trato preferencial que el Presidente le daría a otros aliados. Como Enrique “Pepe” Albistur. Su empresa Wall Street es citada como la segura ganadora de la licitación que debe resolver el Concejo Deliberante en Mar del Plata para concesionar por diez años la provisión de mobiliario urbano con explotación publicitaria: los refugios en las paradas de ómnibus con pantallas donde pueden exhibirse campañas con afiches.
Una habladuría basada en la estrecha relación de Fernández con el intendente Guillermo Montenegro desde que era juez federal. Pero cimentada también por la representación que Diego Garciarena ejercería por Wall Street en la Costa bonaerense. Garciarena es asesor del interbloque de Juntos en la Cámara de Diputados provincial y afiliado radical. Albistur es el esposo de Victoria Tolosa Paz. Y ambos, seguros fiadores del piso que el Presidente habita en Puerto Madero.
No todos tendrían la misma suerte. El 13 de agosto, tres de los propietarios de licencias pre adjudicadas por Lotería bonaerense para explotar el juego online solicitaron 45 días para definir si finalmente confirman su participación. Dos casos llaman la atención. Daniel Angelici, titular de Atlántica Juegos S.A. y Daniel Mautone, de Casinos Victoria. El motivo de la prórroga es un misterio.
Algunos aluden a la aparente mala relación entre Angelici y el gobernador Axel Kicillof. Equivaldría a llevarse mal con Cristina. La vicepresidenta adjudica a una supuesta mesa judicial el inicio de causas en su contra en el gobierno de Macri. Asociaría a Angelici con esa actividad y a otra ligada conexa: los vínculos con el PJ porteño a través del jefe de asesores de Fernández, Juan Manuel Olmos.
Otra explicación es más benévola: la duda de invertir en el país entre los socios internacionales que exige la ley a los titulares de licencias. Eximiría de responsabilidad a Massa y Martín Insaurralde, el nexo del oficialismo con la industria del juego. Y le daría asidero al teorema de los Moyano. La ira contra Cristina se despierta por el mal recuerdo que Alberto les trae de ella.
LA NACION
