La Federación Argentina de Colegios de Abogados (Faca) mostró su preocupación por el supuesto hostigamiento judicial del fiscal federal Patricio Sabadini al secretario de Justicia provincial, José Sánchez, quien había solicitado expedientes de causas en las que Sánchez había actuado antes de llegar al gobierno provincial.

La posición oficial de la entidad que nuclea a los colegios de abogados de todo el país, y que se suma a la ya manifestada por el Consejo de Abogados de Resistencia, fue expuesta mediante una resolución enviada a la jueza federal Zunilda Niremperger y al fiscal general Federico Carniel, así como al Ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano, y al Procurador General de la Nación, Eduardo Casal.

A través de un documento que lleva las firmas de su presidente, Eduardo Massot, y su secretario, Marcelo Scarpa, desde Faca se mostraron en sintonía con el pronunciamiento del Consejo Profesional de Abogados y Procuradores de la Primera Circunscripción Judicial del Chaco “ante los hechos que han sido denunciados por el Dr. José Alejandro Sánchez, asociado y expresidente de esa institución y actual miembro de la Mesa Directiva de la Federación Argentina de Colegios de Abogados, en relación al supuesto hostigamiento judicial del que sería víctima por su actuación profesional por parte del Fiscal Federal, Dr. Patricio Sabadini”.

Si bien sostuvieron su histórica posición de defender la independencia del Ministerio Público Fiscal y de repudiar cualquier intento destinado a restringirla, observaron que en este caso se estaría dando “el supuesto opuesto, en el que las facultades de investigación del Ministerio Público Fiscal serían ejercidas fuera de la regla de imparcialidad y objetividad, aplicando una lógica contraria a las garantías del debido proceso y el principio de inocencia, en donde primero se identifica al sospechoso y luego se intenta encontrar los hechos para investigarlo”.

Para la entidad, las circunstancias de la actuación de Sabadini “exhiben una gravedad que trasciende su mero interés individual, puesto que ponen en vilo la seguridad y la libertad de las personas que podrían recaer en la arbitraria actuación subjetiva de un Fiscal que identifica los sujetos de su investigación primero y busca recién después los elementos o hechos de la noticia criminis”.

Finalmente rechazaron “la liviana calificación de la sospecha”, y el hecho de que ésta se expusiera en medios públicos “sin respeto por el honor y la intimidad de las personas”.


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