La defensa de los efectivos de la Prefectura condenados expuso ante Casación Penal

Claudio Sánchez fue sentenciado a perpetua y Walter Pérez a 2 años y 8 meses de prisión por la muerte de Víctor Alegre, empleado judicial. Su abogado apeló la sentencia en una audiencia oral remota. A partir de ahora, los magistrados analizarán el planteo.

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La muerte de Víctor Alegre, empleado judicial.

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal realizó una audiencia oral remota para analizar el recurso de casación interpuesto por la defensa particular de los imputados Claudio Ismael Sánchez y Walter Hernán Pérez, ex integrantes de la Prefectura Naval Argentina y condenados por la muerte de Víctor Alegre, empleado judicial, contra la sentencia condenatoria dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Resistencia.

Claudio Ismael Sánchez fue condenado a prisión perpetua por homicidio agravado (artículo 80º iniso 9° del Código Penal).

Por su parte, Walter Hernán Pérez fue sentenciado a 2 años y 8 meses de prisión por abuso de armas agravado (artículo  104º, primer párrafo, en función de los artículos 105º y 80º inciso 9º del Código Penal), consignó la web del Centro de Información Judicial (CIJ).

Los dos fueron llevados a juicio por sus responsabilidades penales porla muerte a balazos de  Víctor Amalio Alegre., que ocurrió el 22 de agosto de 2016 cuando regresaba de una jornada de pesca desde la Isla del Cerrito.

Para la realización de la audiencia se contó con la asistencia de la Dirección General de Tecnología del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación y la organización de la Oficina Judicial de la Cámara Federal de Casación Penal.

Los camaristas Borinsky, Carbajo y Hornos escucharon al abogado defensor de los imputados Sánchez y Pérez a lo largo de una audiencia que se extendió por unas 2 horas y le permitieron exhibir fotografías y videos para sustentar de su exposición y le efectuaron preguntas aclaratorias.

La Cámara Federal de Casación Penal mediante las Acordadas 6/20; 8/20; 10/20; 11/20; 12/20; 13/20 y 14/20, otorgó plena validez a los actos procesales realizados de forma remota, habilitando el trabajo de magistrados, funcionarios y empleados desde sus hogares; circunstancia que demanda la utilización y maximización de las herramientas digitales y tecnológicas disponibles.

De tal manera, el Máximo Tribunal Penal de la Nación ajustó su funcionamiento a las diversas medidas adoptadas por el Poder Ejecutivo Nacional, a fin de seguir garantizando la prestación del servicio de justica cumpliendo con el aislamiento social, preventivo y obligatorio establecido.

Apelando a los medios informáticos disponibles y de manera remota, se continúan desarrollando las tareas en el contexto de pandemia, en una actividad fundamentalmente presencial como es la actividad judicial.

No debe perderse de vista que, en este contexto de emergencia, el funcionamiento de la justicia penal federal resulta vital, pues es quien por mandato constitucional debe investigar y juzgar delitos graves, a la vez que debe atender las numerosas peticiones que efectúan las personas privadas de su libertad.

Final trágico para un día de pesca

El 22 de agosto de 2016, Víctor Alegre, tenía 50 años, era chofer de la Cámara Federal de Apelaciones, pasó junto a su hija pescando en la Isla del Cerrito. Al atardecer, alrededor de las 18.30 le dijo a ella, que entonces tenía 23 años, que debían volver.

Cargaron los pescados y demás elementos al baúl de su Fiat Palio y emprendieron el regreso por la ruta provincial Nº 63. Después de pasar el puente San Pedro, dos hombres en moto se colocaron a la par del vehículo e hicieron señas para que se detengan.

Mariela Alegre, la hija, única testigo contó en su testimonio, que los ocupantes de la moto vestían ropa tipo miliar de camuflaje pero no tenían identificación para establecer que pertenecían a una fuerza de seguridad.

La joven se asustó, según el relato, y pidió a su padre que no se detenga y acelere al tiempo que agarró su celular y envió mensajes a unos amigos que venían detrás para advertirle que dos hombres en moto querían robarle. Momentos después, los dos hombres volvieron a aparecer acercándose al Fiat Palio, pero esta vez empuñaban armas de fuego.

La chica sufrió pánico al verlos armados y su padre aceleró más con la intención de alejarse y en esos momentos se escucharon disparos. Víctor Alegre recibió un impacto que afectó su aorta y antes de perder el conocimiento murmuró: “me pegaron un tiro”.

En la desesperación Mariela tomó el volante desde el asiento del acompañante con la intención de controlar el vehículo, pero el auto terminó la marcha impactando contra un árbol.

Entre la conmoción, ella escuchó que uno de los desconocidos gritaba preguntando dónde está la caja. Mariela respondió: “qué caja” y uno de esos hombres le expresó: “la caja con la droga”.

La investigación del caso estuvo a cargo del Juzgado Federal de Zunilda Niremperger. Se determinó después que la Prefectura Naval  había montado un operativo de control con el dato que por esa ruta, la provincial Nº 63, pasaría un cargamento de marihuana.

En el análisis de la situación se concluyó que Alegre al no detenerse, sospecharon que era el narco que buscaban y efectuaron 11 disparos contra el auto.

En el fallo de la jueza Niremperger, además de la posterior condena de los dos involucrados, procesó, sin prisión preventiva a otros 8 integrantes de la Prefectura Naval, basándose en el relato de unos testigos, quienes dijeron en su declaración que los efectivos al advertir el error cometido, dejaron junto al Fiat Palio una bolsa con marihuana.

“Existió un plan de acción conjunta entre los diversos involucrados destinado a encubrir el homicidio de Alegre”, sostuvo la jueza en su momento.

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