EDITORIAL

La crónica de lo ocurrido ayer en la capital chaqueña, cuando una jueza de Faltas decidió “no castigar” a un infractor de tránsito pone en evidencia que la corrupción está mucho más enraizada que lo que pensábamos. Hace poco tiempo en un canal nacional un sociólogo decía que el gran problema de la corrupción estaba en la sociedad que no tiene poder, que no reacciona y que hace creer al corrupto que es inimputable, es decir que se encuentre eximido de responsabilidad penal; que no puede ser castigado bajo ningún punto de vista por parte de la legislación vigente, por no poder comprender la ilicitud de un hecho punible que haya cometido. Pero cuando una autoridad encargada de hacer cumplir las normas vigentes es la que viola a la vista de todos, ¿Qué podemos pedirle al ciudadano común? Si un funcionario judicial tiene miedo de aplicar la ley o mira hacia otro lado por algún pedido de carácter político: ¿Es digno de permanecer en su cargo? ¿Existe alguna explicación justificada para que un juez viole la ley? La verdad es que tanto como nos preocupa esta situación nos genera vergüenza, porque se supone que la persona más idónea debe ser la encargada de impartir justicia y en este caso las dudas que quedan son enormes. Y además pone la lupa sobre quienes la eligieron para desempeñar un cargo que si se ejerce de esa manera, tratando de buscar hendijas para no hacer justicia, lo podríamos cumplir cualquiera de nosotros sin ninguna formación académica y sin el más mínimo sentido común, quizás resolviendo cada caso tirando los dados. Por los menos así resultaría más divertido.

 

El caso en particular

En la tarde del día lunes poco después de las 18 horas, en avenida Inmigrantes y Cacique Ñaré, personal de tránsito de la Municipalidad de Resistencia mantenía una ardua discusión con una persona que se oponía a que le secuestren el vehículo que no contaba con los papeles que permitirían su libre circulación.

Según la crómica policial, el encargo de los inspectores de tránsito, Néstor Soto, relató que el inspector Jesús Álvarez en un control habitual intentó detener la marcha del vehículo marca Toyota, modelo Hire, color blanco, dominio ANO-621, tipo furgón, conducido por César Normando Rossi. Al solicitar la documentación correspondiente constató que no poseía revisión técnica, chapa patente, seguro obligatorio, ni cédula de identificación vehicular. Ante tamaña falta los inspectores realizaron las actas de infracción y al hacerle saber a Rossi que el rodado sería secuestrado, el mismo ingresó habitáculo y quedó en el lugar del conductor.

A su lado se encontraba el padre, el reconocido activista social Juan Rossi, alias “El Pelado”, quién se negó a que el rodado sea trasladado en el remolque al corralón municipal. Se le interiorizo de la situación al Prosecretario del Juzgado de Faltas Municipal N° 1ª cargo de Zulema Gialdroni, quien cerca de las 22, se presentó en el lugar y ordenó que el vehículo y sus ocupantes puedan circular, por lo que finalmente no hubo secuestro y tampoco infracción por las faltas mencionadas.

Sin embargo las autoridades de la Dirección de Tránsito aseguran que quien libró la orden de permitirle circular a Rossi y su hijo fue la Jueza de Faltas Provincial, Marcela Cortés, lo que sería mucho más grave aún por las connotaciones políticas que implicarían, sabiendo la filiación partidaria de Rossi.

Durante ese periodo, varias unidades policiales y hasta el Comando de Operaciones Especiales (COE), estuvieron en la zona del conflicto, debido a la intransigencia de las partes, con “El Pelado Rossi” que en todo momento se negó a colaborar para permitir descomprimir la situación.

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