La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) condenaron la violencia de las protestas en Bolivia que tienen lugar tras la detención del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho.
La CIDH expresó a través de un comunicado que repudiaba "enfáticamente tanto las denuncias de uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad, como los actos violentos cometidos por grupos organizados", informó la agencia de noticias Europa Press.
Los organismos, a su vez, anunciaron que "siguen de cerca" las protestas que se iniciaron en Santa Cruz, bastión de la oposición política y la región más próspera del país, desde el pasado 28 de diciembre, cuando la Policía, en un operativo especial, detuvo al gobernador Camacho por actos de terrorismo en 2019.
Camacho, en aquel entonces, presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, una organización que defiende intereses de la región, lideró movilizaciones e instó a la rebelión policial para perpetrar el golpe de Estado al entonces recién reelecto presidente Evo Morales, y permitir la llegada al poder del Gobierno de facto de Jeanine Áñez.
Aye, se realizó una marcha conformada por cerca de 200 colegios del departamento boliviano de Santa Cruz, con aproximadamente 10.000 personas, según cálculos de los organizadores, en contra del accionar de la justicia y exigiendo la liberación del gobernador cruceño.
La movilización de las Promociones Unidas se concentró en la zona del Cristo Redentor, un histórico cruce de avenidas, en el centro de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.
Pese a que las manifestación del martes fue pacífica, según constató la agenciad de noticias Spuntik, el comunicado conjunto de la CIDH y la RELE expresó que "se han reportado enfrentamientos entre civiles y efectivos policiales, resultando en personas heridas y denuncias de posibles casos de uso excesivo de la fuerza policial, incluso contra periodistas".
La CIDH y la RELE destacaron que, según los registros del Defensor del Pueblo boliviano, se produjeron al menos 25 casos de presunta vulneración de los Derechos Humanos.
"De otro lado, la CIDH ha tomado conocimiento del reporte de diversas acciones violentas cometidas por grupos organizados contra bienes públicos y privados, incluyendo la casa de un ministro", criticó.
La comisión "ve con preocupación las amenazas de grupos violentos a personas defensoras de Derechos Humanos y a miembros de medios de comunicación a través de las redes sociales", situación que "genera una vulneración grave a la libertad de expresión", lamentaron.
