El secretario de la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones de Jubilados y Pensionados de la República Argentina, Toribio Navarro, junto a Héctor Moors, visitaron Primera Línea para hablar acerca de la reforma previsional que hoy en día se está debatiendo en el Congreso de la Nación y que, aseguran, perjudicaría a los mayores de la tercera edad.
Aseguran que la media sanción que diera el Senado al proyecto, impulsado por el oficialismo es anticonstitucional en sus artículos 1º y 2º, pero lamentan también que la oposición haya aprobado la medida sin que se dieran cuenta de ello.
“Esto tiene que ser un debate con los interesados, (los jubilados) que van a perder de octubre a marzo, casi 8 puntos de actualización, porque la ley que están modificando ya previó cuál es el aumento que tienen para marzo. Algunos hablan del 13, 2 por ciento, con la implementación
“Ellos consideran que el sistema inflacionario va a ir bajando, pero así nos dijeron el 16, que se mantuvo y llegó, el 17 que subió. Ahora tienen una capacidad enorme para justificar el saqueo que se está haciendo a los jubilados” cuestionó.
Según explicó, del total de jubilados que percibe el salario mínimo, el 65 por ciento cobra 7020 pesos de bolsillo, el 80 por ciento del volumen total no alcanza los 10 mil pesos y solamente entre el 10 y 12 por ciento cobra arriba de los 15 mil pesos. “El salario mínimo vital y móvil está en 8860 pesos. Nosotros qué decimos, que el salario mínimo que tiene el jubilado tiene que estar a esta altura, porque la constitución nos protege, (el art 14 bis responsabiliza al estado garantizar ese salario)”, sentenció.
Y se preguntó “¿Qué hacemos con quienes cobran la mínima?”, cuestión que no se debate ni siquiera en la oposición y agregó: “la canasta básica de un jubilado está en 17500 pesos porque abarca medicamentos que aumentaron el 170 por ciento en los últimos años”.
Navarro sentenció que están reclamando por el 82 por ciento móvil del salario, la normalización del Pami y que se resuelva el problema del hábitat de los jubilados que no tienen dónde vivir.
Pero el referente de los jubilados fue mucho más incisivo y se dirigió a los representantes provinciales en el Congreso: Elda Pértile, José Mosqueda, Aída Ayala y Alicia Terada: “Yo les diría a los diputados nacionales electos cuál es la posición que van a tomar en este saqueo que le hacen a los jubilados. Porque hablan de que en diciembre del año que viene estaríamos en mejores condiciones, pero cómo llegamos a diciembre, yo les preguntaría”.
Acerca del acuerdo al que arribó la Nación con las provincias, con respecto a la intención de resolver el déficit fiscal, criticó que con la estrategia no solamente los jubilados se verán afectados, sino también aquellos que perciben otros beneficios del estado. “Esto les daría en el año, un ingreso de 110 millones de pesos para cubrir el déficit. En este marco, los gobernadores acordaron apoyar, a través de senadores y también diputados. Pero la ley de reparación histórica, que se aprobó con el 98 por ciento de diputados y con el cien por cien de senadores, se tiene que universalizar las jubilaciones a nivel nacional”, lo que le quietaría beneficios y derechos adquiridos a la mayoría.
En este aspecto recordó que el promedio del salario general en Chaco es de 8 mil pesos, llegando a los 12 mil pesos. “Si esta modificación de la ley 26417 llega a funcionar, van a tener condiciones para implementar la universalización, que es el 43 por ciento al 63 por ciento. Decimos que hay que debatir y ser amplios en el tema de la ley que se va a implementar. Porque en este marco de debate tiene que participar el jubilado y el que se va a jubilar y debatir de dónde va a salir la plata”, remarcó.
Para él, este saqueo que se pretende llevar a cabo, está siendo dirigido por la exigencia del FMI y del Banco Mundial para bajar los salarios y precarizar las condiciones laborales.
Por último, dijo que si se llegara a aprobar la medida, que podría ser el 23 de diciembre, realizarán una presentación colectiva ante la Justicia, porque “las jubilaciones que se están generando en estos últimos meses, empezaron a aplicar el criterio de la ley de reparación histórica, la ley 27260” que no se basa en el índice que dictaminó la Corte Suprema, sino en una diferente con un porcentaje mucho más bajo.
