Un tribunal de Hong Kong sentenció este martes a prisión a los 45 acusados declarados culpables en el mayor juicio realizado bajo la ley de seguridad nacional impuesta por el régimen de Beijing en 2020.
La condena más severa, de 10 años, fue para Benny Tai, identificado como el “cerebro” detrás de la iniciativa que buscaba obtener una mayoría prodemocrática en el consejo legislativo. Esta sentencia es la más dura registrada hasta la fecha bajo la controvertida legislación que ha sido criticada internacionalmente por sofocar la disidencia en la región.
En un fallo subido a internet, los jueces afirmaron que Tai, quien había escrito previamente un artículo titulado “Diez pasos hacia la destrucción mutua”, “abogaba por una revolución” al delinear una estrategia que, según él, no estaba destinada a ser implementada.
El grupo, que incluye a figuras representativas del espectro político prodemocrático de Hong Kong, fue acusado de subversión por organizar una elección primaria informal en 2020. Este ejercicio tenía como objetivo seleccionar a los candidatos con mayores posibilidades de ganar y forzar concesiones al gobierno, como el establecimiento del sufragio universal.
Además de Benny Tai, otros organizadores destacados como Au Nok-hin, Andrew Chiu, Ben Chung y el ciudadano australiano Gordon Ng recibieron penas de hasta siete años y tres meses. Australia expresó su “grave preocupación” por las condenas de sus ciudadanos.
Entre las penas más largas, destaca la de Owen Chow, un joven activista condenado a siete años y nueve meses por asumir un rol “más proactivo en el esquema”, según el tribunal.
Por su parte, Leung Kwok-hung, conocido como “Long Hair” y cofundador de la última oposición política activa en Hong Kong, la Liga de los Socialdemócratas (LSD), fue condenado a seis años y nueve meses.
De los 47 acusados originales, 31 se declararon culpables, mientras que los otros 16 enfrentaron un juicio de 118 días el año pasado. De estos, 14 fueron condenados en mayo, y 2 resultaron absueltos.
Muchos ya habían pasado más de tres años y medio detenidos antes de recibir sentencia. Mientras algunos expresaron arrepentimiento en sus declaraciones para buscar una reducción de pena, otros permanecieron desafiantes ante el tribunal, resistiéndose a lo que consideran una criminalización de sus esfuerzos por promover la democracia.
La sentencia fue presenciada por decenas de simpatizantes que desafiaron la lluvia para hacer fila desde tempranas horas. Entre ellos, “Grandpa Wong”, de aproximadamente 100 años, expresó temor de no poder volver a ver a los activistas tras cumplir sus largas penas. Otra asistente, Wei Siu-lik, amiga de la condenada Clarisse Yeung, llegó a las 4:00 a.m. pese a una lesión en su pierna, asegurando que su presencia era para mostrar apoyo.
La sentencia ha sido calificada por Leticia Wong, ex consejera de distrito, como un mensaje para que los acusados “se declaren culpables y testifiquen contra sus compañeros”. Wong denunció que aquellos que “se negaron a ser domesticados” recibieron castigos más severos.
Chan Po-ying, líder del LSD y esposa de Leung, afirmó que las sentencias eran esperadas, mientras criticó la falta de garantías para la libertad política en Hong Kong.
Las condenas han sido duramente criticadas por países occidentales y organizaciones de derechos humanos, que las consideran una muestra del creciente autoritarismo en Hong Kong tras la imposición de la ley de seguridad nacional.
Según Anna Kwok, directora del Hong Kong Democracy Council en Washington, este proceso judicial es “un ataque contra la esencia de Hong Kong: libertad, democracia y expresión política”.
En su veredicto, los jueces, seleccionados directamente por el régimen para manejar casos de seguridad nacional, destacaron que los esfuerzos para llevar a cabo la primaria implicaron una gran cantidad de tiempo, recursos y dinero, descartando las afirmaciones de que el plan era inviable.
Por su parte, China y el gobierno local justificaron las medidas, alegando que la ley ha “restaurado el orden” tras las protestas de 2019. Además, calificaron como inaceptable cualquier “interferencia” extranjera en los asuntos de Hong Kong.
La elección primaria, que atrajo la participación de 610.000 votantes, buscaba seleccionar candidatos del bloque prodemocracia para competir en las elecciones oficiales, pero las autoridades acusaron a los organizadores de conspirar para paralizar al gobierno y provocar una crisis constitucional al bloquear presupuestos gubernamentales. Según el tribunal, este plan equivalía a una subversión contra el régimen establecido.