Por Vidal Mario* - A través de la ley 14.062 declarando a la Argentina en estado de guerra interno, en 1951 se instaló en el país un sistema devorador de instituciones republicanas, de libertades cívicas y de derechos constitucionales.

Hoy se cumplen 71 años del día en que Perón le declaró la guerra al propio pueblo argentino.

Ocurrió el 28 de septiembre de 1951 con la sanción de la ley 14.062 declarando a la Argentina en estado de guerra interno.

Tres años antes, (1 de septiembre de 1948), Perón ya había suprimido de hecho la Constitución Nacional del año 1853 reemplazándola por la Ley 13.234 de Organización General de la Nación para Tiempo de Guerra Exterior, sancionada ese día.

Las actuales generaciones ignoran que argentinos de entonces estaban sometidos a códigos militares propios de un país en guerra.

A través de la referida ley de estado de guerra interno, en 1951 se instaló en el país un sistema devorador de instituciones republicanas, de libertades cívicas y de derechos constitucionales.

Además de convertir al país en un inmenso cuartel, convirtió a sus habitantes en soldados sometidos al Código de Justicia Militar.

Esa ley dio luz verde a la aplicación de la citada Ley de Organización General de la Nación para Tiempo de Guerra Exterior del año 1948, la cual autorizaba la condena a muerte tanto de militares como de civiles que se alzaren contra el gobierno.

Les sorprenderá a algunos saber que dicha ley fue la misma que después usaron Aramburu y Rojas para fusilar a militares y civiles peronistas que intentaron derrocarlos para traer de vuelta a su jefe, que a esas horas ya estaba refugiado en Venezuela.

Aquellos fusilamientos de 1956 fueron legales porque esa totalitaria ley de Perón aún seguía vigente.

Más de treinta peronistas fueron fusilados en junio de aquel año, gracias a una ley del gobierno peronista.

Constituciones imaginarias

El artículo 29 de la Constitución Nacional de 1853 (para que nunca más ocurriera las cosas que habían ocurrido durante el gobierno de Rosas) prohibió “que la vida, el honor o las fortunas de los argentinos queden a merced de G)obiernos o persona alguna”.

Ese mismo artículo advertía: “Actos de ésta naturaleza llevan consigo una nulidad insanable y sujetarán a los que la formulen, consientan o firmen a la responsabilidad y pena de los infames traidores a la Patria”.

El régimen peronista también violó el artículo 29 de la propia Constitución peronista de 1949, que en uno de sus párrafos expresaba: “Quedan abolidos para siempre la pena de muerte por causas políticas y toda especie de tormento y los azotes”.

Pero, dos años después, vino la declaración de estado de guerra interno y suprimió durante cuatro años la vigencia de la Constitución en la Argentina.

Desaparecieron recursos como el de hábeas corpus, se implantó la figura del desacato, y en todas las comisarías del país –en el Chaco también- se instalaron sitios de torturas a presos políticos que llevaban el nombre de “Oficina de Orden Social y Político”.

La referida ley convirtió al gobierno de Perón en un régimen ilegítimo, arbitrario, absolutista, despótico y opresor.

Ocurrieron muchas cosas que explican por qué en 1955 Perón huyó del país en un avión enviado por su amigo Stroessner.

(*) Periodista, Escritor, Historiador.


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