El intendente electo de Resistencia, Gustavo Martínez se refirió a la necesidad de la Municipalidad de Resistencia de contar con tierra pública que permita fortalecer el derecho de los vecinos de acceder a la compra de un terreno donde puedan edificar una vivienda para vivir dignamente.

“El derecho a la tierra no tiene que ser solo para unos pocos que pueden comprar un terreno costoso sino para todo aquel que esté dispuesto a pagar un precio razonable y en cuotas para iniciar su vida en forma personal o familiar sin las restricciones que imperan hoy”, aseguró Martínez. Y afirmó que “la Ley de transferencia de inmuebles de la provincia a Resistencia, recientemente aprobada, está fundada en esa y otras necesidades, individuales y colectivas, porque es indispensable que todos tengan acceso a tierra, techo y trabajo, derechos que el Papa Francisco considera sagrados”.

La Ley transfiere los terrenos necesarios para que la ciudad lleve adelante un plan de Desarrollo  Urbano Integral, que contempla el crecimiento ordenado, integrado y sostenible de Resistencia, respondiendo a la gran demanda habitacional y de servicios de manera integral.

Además, se prevé que el Municipio capitalino pague las expropiaciones de aquí en adelante y esto va a significar, también, un sistema de recaudación con esas tierras para pagar bienes expropiados que, en algunos casos, hace 8 o 9 años que no se abonan.

“La falta de políticas públicas de la comuna local durante las últimas décadas complementó la crisis económica y social estimulando la formación de asentamientos espontáneos en los alrededores de la ciudad porque no hubo acceso a la tierra para atender ese fenómeno que expone crudamente la pobreza”, afirmó Martínez.

“En una ciudad sin tierra no hay progreso, porque sus habitantes no tienen la posibilidad de adquirir terrenos donde construir sus viviendas para vivir con sus familias”, agregó.

“El olvido de que la tierra pública es un bien social hizo que otros chaqueños vayan a engrosar villas de ciudades ubicadas en las provincias de Santa Fe, Buenos Aires y la Capital Federal provocando el doloroso desarraigo en miles de familias de chaqueñas.

La poca atención de las autoridades al loteo de tierras púbicas hizo que los principales beneficiarios sean los tenedores privados de grandes y medianas extensiones de parcelas que fomentaron la especulación y el crecimiento constante de los precios a valores del dólar”.

“Eso generó que los ciudadanos de menores recursos, muchas veces en situaciones de todo tipo de vulnerabilidades, no puedan acceder a un techo donde resguardarse y eso es lo que queremos reparar, complementando las actividades realizadas hasta ahora por el Ministerio de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial”, indicó.

“Estamos convencidos de que todos los ciudadanos tienen derecho a una vivienda digna para que viva, crezca y progrese su familia, y el principio de ese objetivo es la adquisición del lote que actualmente es un derecho negado a miles de vecinos de Resistencia”, sostuvo.

El intendente electo dijo que es necesario garantizar la equidad en el acceso a la tierra para todos los vecinos de Resistencia, y consideró que esta Ley es el primer paso para ayudar a solucionar un problema social que afecta a la mayoría de los resistencianos.

“El derecho a un lote y posesión de la tierra es progreso porque de a poco se construye una vivienda que luego se va ampliando y eso implica crecimiento de la economía por la demanda de materiales y de mano de obra que estimulan un círculo virtuoso en la economía”, explicó.

“Esa posibilidad tiene como punto de partida de alrededor de 20.000 familias regularicen sus condiciones ante la Municipalidad de Resistencia y pasen a ser contribuyentes de los impuestos correspondientes en un proceso en el que todos van a ser beneficiados al ensancharse la base de contribuyentes. Esta situación de Resistencia es un problema inocultable y al que poco se prestó atención gubernamental por fuera de nuestro espacio político”.

Agregó que “las grandes transformaciones sociales se realizan de a poco, y un punto de partida es que las familias tengan derecho a la tierra, al techo y al trabajo, objetivos que como buenos cristianos compartimos plenamente con nuestro Santo Padre para después avanzar por más derechos ciudadanos”.

“El debate político por fuera de estos límites de necesidades de los que menos tienen o de aquellos que cuentan con algo, pero a los que no les alcanza para la compra de un lote es ponerse de espalda a requerimientos muy postergados que nosotros queremos dejar atrás como experiencias olvidables”, concluyó.


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