La Defensoría del Pueblo de la Provincia del Chaco recomendó al Poder Ejecutivo la sanción de una ley que regule el actuar de los gestores de cobranzas extrajudiciales. La actividad, llevada a cabo por estudios jurídicos, no se encuentra regulada, lo que deja a los deudores en total desamparo ante sus reclamos de deudas.

Desde el área de Resolución de Conflictos, Martín Marín, profundizó que “La ley prevista debiera contener como mínimo la obligación por parte de estos cobradores externos o gestores de cobranzas el deber de información al deudor sobre la persona física o jurídica que reclama la deuda, el documento del cual surge la deuda, una planilla que delimite efectiva el capital, o intereses, la fecha de la mora”, entre otros.

A su vez, debe limitar los llamados y mails reiterados, las visitas personales, los llamados a teléfonos laborales y cualquier otro medio que afecte la dignidad del deudor. Poniendo regulación en  cuales son medios por los cuales estos gestores pueden actuar.

Derechos de los deudores

Dicha ley deberá  contar con la obligatoriedad de que al momento que la persona firma un convenio o realiza pagos a estos gestores, estos deban exhibir el poder del que se valen para actuar en representación del acreedor, el cual deberá contener expresamente la capacidad de éste para cobrar en nombre del acreedor.

“Consideramos esta medida de urgente necesariedad a los fines de dotar de un piso de derechos a los deudores que son diariamente hostigados por gestores de cobranza sin ningún límite, que refinancian deudas a tasas usurarias, con amenazas de iniciar juicios y con deudas en mora”, manifestó Marín.

Estas y otras medidas son necesarias dado que el consumidor muchas veces desconoce quién tiene su deuda actualmente, cual es el documento que firmó, cuando fue la mora para saber si está prescripta, por ello se considera urgente la sanción de dicha norma que se encuentra en recomendación al presidente de la cámara como a cada uno de los presidentes de los bloques.

Servicios públicos: acciones de la Defensoría

Por un lado, a la empresa Secheep se envió una recomendación donde se le sugiere que las facturas tengan vencimiento de corte a los 60 días, en vez de los 30 usuales, y se generen mecanismos flexibles de financiación con tasas aceptables.

Además, desde la institución  se propone generar los mecanismos para ampliar el ingreso de usuarios al programa de subsidios de segmentación energética, sobre todo a las personas con discapacidad.

Al igual que fomentar un programa de uso racional de la energía eléctrica,  con una amplia campaña de sensibilización a la comunidad.

En cuanto a materia de agua potable, el Defensor Bernardo Voloj, detalló que “se trabaja con las usuarias y usuarios de la localidad de Roque Sáenz Peña, donde hemos solicitado a la empresa tenga bien informar cuando van a ser las fechas de finalización de las obras, de puesta a punto del  acueducto, a los efectos de dar tranquilidad a la población de Sáenz Peña en el uso del agua”.


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