El ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Germán Garavano, presentó hoy en la Corte Penal Internacional de La Haya un informe sobre testimonios brindados por ciudadanos venezolanos que residen en la Argentina, relativos a presuntos crímenes de lesa humanidad y violaciones a los derechos humanos cometidos en Venezuela.

Además, el funcionario entregó al Museo de la Corte elementos vinculados a la dictadura argentina, entre ellos, un fichero con réplicas de denuncias sobre violaciones a los derechos humanos, un ejemplar del "Nunca Más", y las tapas de las versiones de este libro publicadas en Israel, Brasil, Inglaterra, Alemania y España, junto a fotos del juicio a las juntas militares y copias de su sentencia original firmada.

La Corte Penal Internacional (CPI) agradeció hoy en la red social Twitter la "donación simbólica de archivos de Argentina a la biblioteca de la CPI, recibida por los vicepresidentes de la Corte, los jueces Robert Fremr y Marc Perrin de Brichambaut".

"El ministro de Justicia y Derechos Humanos de Argentina ofrece registros históricos de Juicios a las Juntas a la biblioteca del CPI como símbolo de apoyo de Argentina a la Justicia internacional", sumaron desde la cuenta de la Corte.

Respecto del informe sobre Venezuela, el estudio fue elaborado por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, en base al testimonios de 44 venezolanos que residen en el país, los que denunciaron asesinatos, torturas, y privaciones ilegítimas de la libertad, entre otros delitos.

El documento elaborado por la Secretaría que conduce Claudio Avruj, sostiene que "la totalidad de los declarantes manifiestan haber sido víctimas o testigos de algún tipo de persecución por motivos políticos y/o ideológicos" del gobierno de Nicolás Maduro.

"Se constata que la persecución se ha manifestado en diversas expresiones como ejecuciones extrajudiciales, encarcelamiento, privaciones graves de la libertad física y torturas", explica el informe.

Los testimonios fueron recibidos en el Centro de Orientación a Migrantes, que creó el Gobierno en julio pasado por decreto, el que habilitó también la modalidad de la denuncia en forma telefónica.

Las autoridades indicaron que los testimonios fueron recibidos por profesionales y técnicos que, como primera medida, resguardaron la identidad de los denunciantes.

El informe añade que "según las cifras informadas por la Dirección Nacional de Migraciones, desde 2014 a mayo de 2019 se han tramitado en nuestro país 153.642 pedidos de radicación de ciudadanos venezolanos".


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