Tito López, de hecho, fue detenido mientras se encontraba al frente de una manifestación en la plaza 25 de Mayo, en Resistencia.
La protesta fue organizada un día después de que el juez federal Ricardo Mianovich ordenara su detención.
“Cuando tenga que presentar los papeles de dónde saqué los bienes, lo presentaré con mis contadores. El Estado nacional me dio un proyecto productivo y el Estado provincial me dio la oportunidad de tener un pedazo de tierra”, afirmó López.
Sin embargo, una vez conocido el requerimiento fiscal al juez Ricardo Mianovich, lo que se evidencia es que toda la fortuna del piquetero Tito López, proviene de sus estrechos vínculos con el Gobierno provincial anterior, y más precisamente con el exGobernador Jorge Capitanich.
La casi totalidad de los terrenos que muestra como propios, eran tierras fiscales mientras que la documentación hallada en las fundaciones que estaban a nombre de su entorno, se puede detectar que todos los fondos que ingresaban provenían del Gobierno provincial, en su mayoría del desmantelado Iafep, ya denunciado como un emblema de corrupción por el gobernador Leandro Zdero.
En una reciente investigación que involucra a varias fundaciones vinculadas a la familia López, se han descubierto graves irregularidades financieras que podrían sugerir la existencia de "facturación apócrifa". Las fundaciones en cuestión incluyen la Fundación Los Dueños de la Raza, la Fundación Buen Vivir y Trabajo, y la Fundación Construyendo País.
Los análisis preliminares han mostrado discrepancias significativas entre los montos facturados por estas fundaciones y la falta de evidencia sobre actividades económicas sustanciales.
La Fundación Los Dueños de la Raza, por ejemplo, facturó más de $71 millones al Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social (IAFEP) en 2023, pero no reportó compras acordes a esta facturación, con solo $636,520 en gastos. Además, no posee bienes ni empleados, y su dirección coincide con la de otras fundaciones asociadas a la familia López.
La Fundación Buen Vivir y Trabajo, por su parte, ha presentado discrepancias similares. Desde 2022, facturó $12 millones al IAFEP, pero no se encontraron facturas que respalden este monto. Esta fundación también carece de bienes y empleados y comparte domicilio con otras entidades relacionadas con la familia López.
La Fundación Construyendo País, que comenzó a operar en mayo de 2022, reportó ingresos de $46 millones en 2023, pero solo $101,080 en facturas de gastos, sugiriendo una posible falta de transparencia en su gestión financiera.
Además, Sabadini, uno de los denunciantes, ha señalado que la familia López podría estar involucrada en una asociación ilícita para apropiarse de 3.000 hectáreas de tierras fiscales, las cuales fueron vendidas a precios muy por debajo del mercado, generando ganancias ilegales con la presunta complicidad de altos funcionarios provinciales.
La investigación continúa en curso, con las autoridades analizando la evidencia para determinar el alcance de estas irregularidades y la responsabilidad de los implicados.
