Francia sigue paralizada y Macron se mantiene firme con su reforma

El país entró en su segundo día de paro y los sindicatos prometieron seguir durante una semana la lucha para evitar que cambie el régimen de pensiones; el gobierno anunciará los detalles el miércoles

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Embotellamientos de casi 543 kilómetros en torno de París, transportes públicos inexistentes, escuelas cerradas, hospitales con servicio mínimo… El segundo día de huelga general contra el proyecto de reforma de la jubilación del presidente Emmanuel Macron volvió a paralizar ayer gran parte de Francia. Sin dar el brazo a torcer, el gobierno prometió “propuestas audaces” para el miércoles próximo, mientras los sindicatos convocaron a nuevas huelgas para el 10 de diciembre.

“Todo el mundo estará nuevamente en la calle el 10 de diciembre para una nueva jornada de huelga, de acción y de protestas”, anunció Catherine Perret, miembro de la mesa directiva de la CGT (comunista), principal central obrera del país. Alentados por los 800.000 franceses que salieron a manifestar contra el proyecto presidencial que debería poner punto final al actual sistema jubilatorio francés y, sobre todo, a sus 42 regímenes especiales, que cuestan 8000 millones de euros cada año al Estado, los sindicatos han decidido continuar la acción.

“Vamos a protestar durante una semana por lo menos. Al cabo de ese período, el gobierno se verá obligado a retirar su plan”, asegura el sindicalista ferroviario Patrick Dos Santos.

Sin ser una de las huelgas más dramáticas que conoció el país -habituado a masivos movimientos de protesta al lo largo de su historia-, las actuales medidas de fuerza son de envergadura: 90% de los trenes de alta velocidad (TGV) de la compañía nacional de transportes (SNCF) fueron ayer cancelados, mientras las líneas aéreas (Air France, EasyJet y Ryanair) anularon cantidad de vuelos.

Por lo menos nueve de las 16 líneas del subterráneo parisino permanecieron cerradas, mientras que, contrariamente a anteayer, los embotellamientos en torno a la capital fueron gigantescos.

“Anteayer se circuló bien porque, el primer día de huelga la gente se quedó en sus casas. Pero hoy tuvieron que venir a trabajar. Y sin transportes, utilizaron sus autos”, explican los servicios municipales. La ausencia de personal también obligó a escuelas y universidades a permanecer cerrados. Por su parte, los servicios de tren internacionales redujeron considerablemente sus frecuencias hasta el 10 de diciembre.

Emmanuel Macron mantuvo un estricto silencio, pero todos los ministros recibieron la consigna de abrir el diálogo y evitar la confrontación. Para el responsable de la cartera de Educación, Jean-Michel Blanquer, “hubiera sido mucho más fácil no hacer nada”. “Pero si cada presidencia razona de esa forma, nuestros hijos no tendrán una jubilación decente”, agregó.

La ministra de Salud Pública, Agnès Buzyn, se declaró sensible a las protestas del sector y anunció una reunión con los sindicatos del área el lunes. Como todos sus pares, recordó nuevamente que recién el miércoles el gobierno develará los detalles de su plan, y que el mismo sigue aún en discusión en torno a “quiénes serán los concernidos por la reforma, es decir, a partir de cuál generación se aplicará”.

En primera línea, el primer ministro, Edouard Philippe, ratificó esos propósitos por la tarde. Tras advertir que el gobierno “no se coloca en una lógica de confrontación”, se declaró decidido a lograr que “las transiciones sean progresivas” hasta obtener el régimen universal que prometió Macron.

“De ninguna manera cambiaremos las reglas del juego en medio del río”, prometió sobre todo a los empleados de los transportes públicos de París (RATP) y ferrocarriles (SNCF), que se benefician con un sistema especial que les permite jubilarse con excelentes beneficios mucho antes que el resto de los franceses.

Confrontado con la amenaza de una huelga histórica como la que ambas empresas de transporte hicieron en 1995, que paralizaron al país durante tres semanas, el primer ministro decidió hacer un gesto de apertura. “Estoy convencido de que hallaremos un punto de equilibrio con las organizaciones sindicales”, dijo.

El gobierno podría, en efecto, proponer la postergación de la aplicación de la reforma. Fijada en el proyecto inicial para el 1° de enero de 2025 para la generación nacida en 1963, la misma podría ser pospuesta hasta la generación de 1972.

Casi el 60% de los franceses aprueban el movimiento de fuerza, según un sondeo del instituto Elabe. El estudio demuestra, sin embargo, que ese apoyo se produce particularmente lejos de las grandes ciudades, donde la gente depende mucho menos de los transportes públicos.

También muestra que la aprobación es particularmente fuerte entre los electores del líder de extrema izquierda, Jean-Luc Mélenchon, de la presidenta de la Agrupación Nacional de extrema derecha, Marine Le Pen, sin olvidar los abstencionistas.

 

Fuente: LA NACIÓN

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