La denominada causa “Carbón Blanco”, cuya investigación fue encabezada por la Jueza Federal Zunilda Niremperger, que desbarató una organización narco que llevaba droga de Argentina a Europa, este mes tendrá su juicio en el Tribunal Oral Federal de Resistencia.

Esta organización liderada por Carlos Salvatore operaba desde 2005, con aceitados contactos en la Aduana de Barranqueras y el puerto de Buenos Aires y Rosario, por donde salían los cargamentos de la empresa Carbón Vegetal del Litoral SRL donde se camuflaba la cocaína.

Los cinco imputados, están acusados de lavar las millonarias ganancias que dejaron las exportaciones de droga concretadas por la asociación que fue encabezada por el abogado Carlos Salvatore, quien en septiembre de 2015, fue condenado a 21 años de prisión junto con otros cuatro imputados. Todos fueron acusados de conformar una asociación ilícita para exportar en tres embarques de 1200 kilos con cocaína a España y Portugal.

La causa, desembarcó además en una investigación por lavado de activos, cuya instancia judicial se realizará el próximo 28 de marzo. En esta instancia se juzgará sobre los bienes patrimoniales de la organización que fueron investigadas por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).

Los imputados
En esta causa hay cinco personas imputadas. Carlos Salvatore; su esposa Susana Valles; el padre de la esposa, Santiago Valles Ferrer; el administrador de la organización Ricardo Gassan Saba, y la hija de Salvatore, Carla Yanina Salvatore D'ursl.

Cabe señalar que por esta causa el tribunal oral de Resistencia dispuso el embargo de 68 inmuebles y el congelamiento de 128 cuentas vinculadas al abogado Carlos Salvatore y su círculo familiar. Las medidas dictadas por el tribunal apuntan a evitar que caigan los embargos que dictó la jueza Zunilda Niremperger en 2015 por unos $ 1.600.000.000.


Rechazo al Tribunal Unipersonal

La Casación Federal no admitió que un juicio por lavado de dinero lo lleve adelante un Tribunal Unipersonal. Fue luego de una presentación de la UIF el marco de un expediente relacionado a la causa “Carbón Blanco”.

Un fallo de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal delimita los alcances de la Ley 27.307 de Fortalecimiento de los Tribunales Orales en lo Criminal Federal y de los Tribunales Orales en lo Penal Económico al establecer en qué casos procede el Juicio Oral ante los Tribunal Unipersonales.
Al hacer lugar a un recurso de la Unidad de Información Financiera (UIF) en la causa “Salvatore, Carla Yanina y otros s/ recurso de casación”, la Cámara, con los votos de los camaristas Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Juan Carlos Gemignani, revocó una resolución del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Resistencia, que dispuso la implementación del juicio unipersonal en el debate, en el que se juzgará la responsabilidad de varios imputados por el delito de lavado de dinero, relacionado con la causa “Carbón Blanco”.

El Tribunal Oral admitió la conformación unipersonal por la aplicación del artículo 9° de la Ley, que permite ello cuando se tratare de delitos cuya pena máxima privativa de la libertad en abstracto supere los seis y no exceda de quince años. Pero La UIF había indicado que la aplicación del juicio unipersonal no era aconsejable en la causa “atento a su complejidad y magnitud, además de la gravedad de las imputaciones”.

El juez Borinsky, en su voto, señaló que “las maniobras delictivas que se investigan en el sub lite podrían estar vinculadas con los hechos de contrabando de estupefacientes”, por lo que la escala penal en ese sentido supera el límite previsto en la norma.

En tanto el juez Hornos, hizo referencia a la complejidad del caso, que hacía menester que sea juzgado por un tribunal colegiado.

“En el presente proceso se juzga a la que se imputa ser una de las organizaciones criminales de lavado de activos más sofisticada del país, cuyo principal objetivo ha sido el contrabando de estupefacientes a España y Portugal –delitos por los cuales ya se dictaron las respectivas condenas- y luego el montaje de una compleja ingeniería de sociedades en diversas jurisdicciones del país y en -al menos- seis países extranjeros, a los fines de proceder al lavado de los activos originados por aquella actividad”, añadió, al referirse a los argumentos de la UIF.

Para Hornos, había que analizar la normartiva de forma globalteniendo en cuenta los compromisos asumidos por Argentina en materia de lucha contra la corrupción. Eso, resaltó el camaristas era lo que definía como “ineludible” la conclusión de un “juzgamiento eficaz corresponde a un tribunal colegiado”.

“Aspecto sustancial del proceso que contribuirá a reducir los riesgos específicos que el juzgamiento de este tipo de maniobras en materia de criminalidad organizada pueden implicar, y al aseguramiento de un juicio justo e imparcial, con apego a los estándares y principios internacionales”.


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