El ex sindicalista del SOMU Omar "Caballo" Suárez saldrá de la cárcel para cumplir arresto domiciliario hasta ser juzgado por "asociación ilícita" e "interrupción de vías navegables", según resolvió este lunes la Cámara Federal porteña.

Los camaristas decidieron que Suárez debe gozar del arresto domiciliario porque ese beneficio le había sido otorgado por el Tribunal Oral Federal 4 que quedó a cargo del futuro juicio en su contra.

En el fallo se declaró "abstracta" una negativa a conceder el beneficio que había firmado el juez que lo detuvo, Rodolfo Canicoba Corral, la semana pasada.

El detenido está "a exclusiva disposición del Tribunal Oral" sostuvieron los camaristas de la sala I del Tribunal de Apelaciones Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens.

El 30 de abril pasado, los tres jueces del Tribunal -Néstor Costabel, Daniel Obligado y María Gabriela López Iñíguez- consideraron que en un domicilio podrá recibir un mejor tratamiento para sus dolencias. Por eso, el posterior rechazo a dar el beneficio por parte de Canicoba Corral quedó "abstracto", pues este magistrado ya había enviado la causa a juicio.

En el escrito con que el TOF aceptó sacar a Suárez de la cárcel, los magistrados dijeron que según los informes médicos de los peritos , entre otras patologías el sindicalista sufre "una hipertensión arterial en tratamiento, bradicardia sinusal, dislipemia, hipoacusia moderada, acúfenos, cataratas y lumbalgia" También citaron una hemorragia digestiva con "extirpación de pólipos en diciembre de 2016" y citaron un accidente cerebro vascular que le dejó secuelas incluso en la marcha.

Pese a lo resuelto por el TOF 4 el mes pasado, Suárez seguía preso en la cárcel de Ezeiza, pero ahora cumplirá arresto con tobillera electrónica en la casa de su hija en el partido bonaerense de Vicente López.

Suárez está detenido desde septiembre de 2016 por orden de Canicoba Corral, que lo investigaba por no permitir el ingreso de barcos a los puertos. Además, está procesado en otra causa por asociación ilícita, coacción agravada y administración fraudulentapor pedirle dinero a empresas del sector en concepto de donaciones para permitirles el ingreso a los puertos.


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