A más de un mes de paro y manifestaciones en Colombia, la dirigencia sindical convocó para este miércoles nuevas marchas y movilizaciones, y se espera que este domingo el Comité Nacional de Paro (CNP) y el Gobierno de Iván Duque se reúnan en Bogotá en busca de un acuerdo para superar la crisis.

El vocero del Comité y fiscal de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Fabio Arias, afirmó en diálogo con Caracol Radio que en este encuentro insistirán en que se firme el preacuerdo para las garantías del desarrollo de la protesta social y permita instalar oficialmente la mesa de negociaciones y señaló que no todos los bloqueos responden al CNP.

En tanto, la comisión del Gobierno coordinada por Emilio Archila, espera una decisión del Comité para desbloquear las rutas, porque vulneran los "derechos a la movilidad".

"Nosotros insistiremos que los bloqueos o cortes de vías deben ser resueltos de manera dialogada y negociada", respondió Arias.

Asimismo, anunció para este miércoles marchas y movilizaciones de forma pacífica en todo el país.

Duque ordenó el viernes la asistencia militar y el toque de queda a gobernadores de 7 departamentos y alcaldes de 8 municipios para coordinar la Fuerza Pública con el objetivo de levantar los bloqueos en las rutas.

"Este despliegue llevará casi a triplicar nuestra capacidad en menos de 24 horas", afirmó Duque.

Al respecto, Arias dijo que el primer punto de las garantías acordado con el Gobierno es que éste no acudiría a la conmoción interior.

“Pero lo que está pasando con el Valle y el Cauca, sí es una conmoción interior regional”, advirtió, por lo que se preguntó “si el conflicto se resuelve por la fuerza o por la vía del diálogo y la concertación.”

La medida de Duque fue tomada un día después después de que una fuerte represión de la Fuerza Pública en Cali, la ciudad más afectada por la violencia, dejara cuatro muertos y varios heridos de gravedad.

Duque, además, acusó a los grupos disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia- Ejército del Pueblo (FARC-EP) de estar financiando los piquetes en las rutas.

"El presidente ha firmado un decreto con órdenes específicas en materia de seguridad pública, no hay ninguna alusión directa, ni indirecta, a la necesidad que la fuerza pública actúe respetando los derechos humanos, que no haya exceso ni abuso en el uso de la fuerza", señaló José Miguel Vivanco, director ejecutivo para las Américas de Human Rights Watch.

En esta línea, la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, expresó su preocupación por la violencia en Cali, que dejó más de una decena de muertos, y pidió diálogo y una investigación independiente.

"Es esencial que todas las personas que presuntamente causaron lesiones o muerte, incluidos funcionarios del Estado, estén sujetas a investigaciones rápidas, efectivas, independientes, imparciales y transparentes, y que los responsables respondan ante la ley", dijo Bachelet en un comunicado.

El alcalde de Cali, Iván Ospina, confirmó este sábado que fallecieron 13 personas de forma violenta en la capital del Valle.

Ospina calificó como inadmisible que la población civil se encuentre armada y participe junto a uniformados de la policía y pidió que sea "rápidamente investigado".

"Hay antecedentes creíbles que muestran la participación conjunta de policías con civiles armados en la represión en las calles, no se sabe si son policías de civil, sicarios o gente que actúa con la protección policial", agregó el presidente de HRW.

Marianela Navarro, delegada del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) y parte de la Misión Internacional de Solidaridad y Observación de Derechos Humanos de la Argentina que viajó a Colombia el 25 de mayo, dijo que en las últimas 24 horas "se reportaron entre ocho y 10 jóvenes asesinados por la Esmad", el cuerpo policial antidisturbios, pero que "ya son más de 40 los asesinados" en la capital del Valle de Cauca.

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