Si por el aumento exponencial de contagios de coronavirus el sistema sanitario se viese colapsado, los médicos tendrían que avanzar con la difícil decisión de elegir a quién se le asigna una cama de terapia intensiva, a quién un respirador, y quiénes directamente no recibirán tratamiento hospitalario independientemente del tipo de dolencia que cursen.

Evitando que Argentina se convierta en un reflejo de lo que fue España e Italia, donde adultos mayores y personas con graves enfermedades preexistentes dejaron de ser prioridad para el sistema de salud, las autoridades políticas y sanitarias apelan a la responsabilidad y al cuidado de los ciudadanos en el peor momento de la pandemia que coincide justamente con la flexibilización de actividades tras más de cuatro meses de confinamiento.

Con este panorama, un diputada bonaerense del Frente de Todos cargó contra las personas que violan la cuarentena -no por necesidad económica- sino para asistir a fiestas clandestinas, asados con amigos y otros tipos de reuniones sociales en las que no se respetan las medidas de prevención.

El último fin de semana, una fiesta clandestina en una cervecería de la ciudad de La Plata terminó con más de 20 detenidos y el local clausurado. En aquella oportunidad, a través de sus redes sociales, la legisladora kirchnerista Susana González calificó a los dueños del establecimiento como “unos irresponsables de mierda” y sostuvo que a los “jóvenes” que participaron del evento ilegal hay que “tenerlos presentes cuando necesiten del hospital”.

Pese al exabrupto González no borró la publicación “porque cuando uno se manda una cagada la tiene que asumir”. “Cuando hablé de irresponsables de mierda me refería a los dueños del boliche, y dije que la municipalidad tenía que avanzar hacia la clausura definitiva y en eso sigo firme: de nada sirve una multa, porque la multa después se apela, se apela y se apela, y la cobrás a los premios. Y aunque esa multa la cobraras a los premios, los insumos y las herramientas para combatir el covid las necesitas ahora. Si alguno de esos pibes se muere, la multa no les va a pagar la vida”, declaró.

Con respecto al comentario de “tener presentes” a los que violaron la cuarentena por si necesitan asistencia médica, justificó que lo dijo en un momento de “calentura”: “Me da bronca porque yo tengo enfisema pulmonar, y por ahí alguno de esos pibes se enferma y hay que darles el respirador que me correspondería a mi si contraigo coronavirus”.

Aún no es oficial, pero en los hospitales del AMBA si bien se mantiene la asistencia médica, se están restringiendo los pases a terapia intensiva. Más allá del COVID-19, las camas en UTI y los respiradores quedan a criterio del terapista teniendo en cuenta la franja etaria y las enfermedades preexistentes de los pacientes.

“No me arrepiento de la frase, pero yo siendo abogada tengo que decir que el derecho a la salud la tienen todos porque en este país no hay pena de muerte. La salud es un derecho irrenunciable para todos. Ellos también tienen derecho al respirador, al que también tengo yo, por más que yo cumpla las normas y estos pelotudos salgan de joda. “El derecho a la salud se lo debemos garantizar a todos: al violador, al homicida, y al pelotudo que viola la cuarentena y sale de joda”, enfatizó.

¿Sería justo que una persona que fue a una fiesta clandestina tenga prioridad en la atención médica por encima de otra que cumplió la cuarentena y solo salió de su casa para trabajar?; ¿Sería justo que alguien que ocultó sus síntomas y se reunió con varias personas se le asigne un respirador antes que a un abuelo?

Susana González consideró que sería “completamente ilegal” quitarle la prioridad de asistencia médica a una persona por el hecho de violar la cuarentena: “Las normas son internacionales”. “Son hijos de puta y pelotudos pero tienen derecho a un respirador”, reflexionó la diputada bonaerense.

El último parte del Ministerio de Salud de la Nación confirmó 147 muertes y 7.513 nuevos contagios. Al día de hoy, 1.219 personas se encuentran cursando la enfermedad en unidades de terapia intensiva en todo el país, de las cuales un 82,4% lo hacen en centros de salud de la Ciudad y de la Provincia de Buenos Aires.

El porcentaje de ocupación de camas de terapia intensiva se encuentra en el 56,3% a nivel nacional, mientras que en el AMBA es de 66,1%.


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