Por Vidal Mario*
En el acto realizado el viernes pasado en Tecnópolis, se los escuchó a Alberto Fernández y a Cristina Kirchner criticando como es costumbre a Mauricio Macri.
También coincidieron en elogiar a Hipólito Yrigoyen y al general Enrique Mosconi, protagonistas claves en la creación de YPF, cuyo siglo de vida se celebraba.
Inexplicablemente, la vicepresidenta no se acordó que 29 años atrás, en 1993, ella y su marido tuvieron un rol clave en la privatización de la empresa estatal, impulsada por el presidente Menem.
Tanto, que cuando asumió Néstor Kirchner Menem recordó: “Éste presidente y su mujer fueron los más entusiastas en privatizar YPF, y nos ayudaron a impulsar la privatización”.
Ya antes, el 22 de septiembre de 1992, en declaraciones al diario “La Opinión Austral”, el entonces gobernador de Santa Cruz había expresado su apoyo a la transformación de YPF en empresa privada.
Dijo que era “una reivindicación histórica”, alegó que así se terminaría “la empresa manejada por 15 o 20 gerentes”, y aseguró que para los santacruceños la privatización no significaba entregar de la soberanía.
No obstante, y por lejos, el día del más duro golpe para el pueblo peronista en relación a YPF sucedió el 25 de abril de 1955.
YPF, empresa yanki
Ese día, el gobierno supuestamente anti-imperialista de Perón firmó un “contrato para desarrollar los recursos petrolíferos del país” con la Compañía California Argentina de Petróleo, una empresa que tenía su sede en Delaware, Estados Unidos.
Con éste convenio, la prédica y la imagen de defensor de la independencia económica argentina y de líder de una supuesta “tercera posición” de Perón, se derrumbaron estrepitosamente.
La política económica de la Nación inaugurada por Perón en 1946 se basaba en dos principios fundamentales: liberación de todo influjo extranjero, y monopolio estatal de todas las fuentes de riqueza. Todo eso se vino abajo con ese contrato.
El convenio, de 71 artículos en total, fue firmado por el ministro de Industria de la Nación, Orlando L. Santos, en representación del gobierno, y fue ratificado por decreto 6.688 del 6 de mayo de 1955.
Se autorizó a la compañía petrolera norteamericana a realizar “operaciones exploratorias”, “operaciones de perforación” y “operaciones de perforación exploratoria”.
En ese sentido, las tareas que debía realizar dicha petrolera estadounidense eran:
“exploración, cateo y perforación, extracción, explotación, transporte, refinación, exportación, comercialización y venta de petróleo y sus productos y subproductos”.
Por 40 años
El artículo 4, consignaba que el contrato tendría pleno vigor y efecto por “un plazo de cuarenta años “contados a partir de la fecha efectiva en que éste contrato entre en vigor, más todas las prórrogas de dicho plazo de 40 (cuarenta) años previstos en el artículo 63 de éste contrato”.
Además, el artículo 6 otorgaba a la compañía estadounidense los siguientes privilegios:
“Derecho de construir, mantener, operar, reponer, reparar y renovar equipos, maquinarias, plantas, campamentos con todas las obras e instalaciones convenientes y deseables para su funcionamiento y operación, edificios, aeropuertos, campos de aterrizaje, sistemas inalámbricos de teléfonos y telégrafos, estaciones de bombeo, usinas eléctricas y de vapor, tanques, estaciones marítimas, muelles, embarcaderos, caminos y otras obras e instalaciones destinadas exclusivamente a las operaciones de la Compañía”.
El artículo 10 condenaba a YPF a ser una simple dependencia de la compañía norteamericana. “YPF deberá facilitarle a la Compañía el acceso a toda la información y datos científicos y técnicos que posee”, consignaba el referido párrafo.
Más aún, el artículo 22 establecía ésta humillante situación: “La Compañía tendrá la administración, dirección y control, único y exclusivo, y podrá decidir a su juicio respecto a la manera, los medios y método de conducir todas las operaciones sujetas a éste contrato”.
Sirve a los intereses del país
El 1° de mayo de 1955, nada menos que en un acto por el Día del Trabajador, Perón justificó su decisión, prohibida por el artículo 40 de la Constitución Nacional que él mismo había lanzado en 1949, y estaba a contrapelo de la doctrina de la independencia económica que él había declarado en la Casa de la Independencia de Tucumán.
“Entendemos que se sirve a los verdaderos intereses del país el posibilitar el aporte de recursos adicionales extranjeros para la extracción del petróleo argentino”, dijo.
Meses después, los militares que se hicieron cargo del gobierno derogaron la ley.
(*) Escritor, periodista, historiador.
