El destino del crédito acordado será de hasta 400 millones de pesos para financiar de ejecución de proyectos en el marco del Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional, y 1500 millones para Capitalización de Fondos Fiduciarios Existentes o constitución de nuevos Fondos.

Tras un cuarto intermedio de la sesión ordinaria de ayer, los legisladores llegaron a los consensos necesarios y aprobaron un crédito por 1.900 millones de pesos o su equivalente en moneda extranjera con destino a obras y asistencia en el marco de la emergencia hidrometeorológica.

La norma fue respaldada con 27 votos positivos, uno en cartera del diputado Daniel Trabalón del Frente Grande y establece que el destino del crédito acordado será de hasta 400 millones de pesos para financiar de ejecución de proyectos en el marco del Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional, y 1500 millones para Capitalización de Fondos Fiduciarios Existentes o constitución de nuevos Fondos que tendrá por objetivo ante la situación de emergencia hidrometeorológica implementar acciones destinadas al sostenimiento de la cadena de pagos del sector productivo, comercial y de servicios, la restitución de los mecanismos de financiamiento de las campañas agrícolas del año en curso, además de financiar asistencia social directa a damnificados.

Los 1500 millones serán distribuidos hasta 400 millones de pesos para asistencia de pequeños y medianos productores de hasta 150 has de explotación independientemente de la cantidad de hectáreas del establecimiento cuya superficie no podrá superar las 500 hectáreas, que cumplan con los siguientes requisitos: sus ingresos provengan mayoritariamente de la actividad agropecuaria y hayan sido declarados en emergencia o desastre agropecuario, acreditando tal condición mediante el certificado correspondiente, la que será implementado mediante el pago de una suma de dinero de carácter no reembolsable debiendo publicarse la nómina de los beneficiarios y montos asignados en medio fehaciente.

Se afectan hasta pesos 400 millones con destino a pequeños y medianos productores de hasta 150 has de explotación independientemente de la cantidad de hectáreas del establecimiento cuya superficie no podrá superar las 500 hectáreas, para financiar de manera directa o indirecta capital de trabajo y de inversión a productores primarios de la provincia con tasas, condiciones y plazos de repago que supongan condiciones ventajosas respecto a las vigentes en el sistema financiero nacional o provincial; financiar capital de trabajo a cooperativas a acopiadores y/o comercializadores de insumos agrícolas de la provincia asegurando su destino exclusivo a mecanismos que aseguren capacidad de siembra a pequeños y medianos productores; bonificar tasas de intereses en préstamos otorgados por entidades del sistema bancario en la medida que lo establezca la autoridad de aplicación.

En este caso el monto destinado a esta línea de acción deberá provenir de la rentabilidad del Fondo y no podrá implicar una merma en la capitalización del mismo.

Se afectan hasta la suma de 500 millones de pesos como ayuda extraordinaria a los municipios que sufrieron damnificados de acuerdo a los relevamientos efectuados por el ministerio de Desarrollo Social entre el 1 de enero y el 30 de abril de 2019 en forma proporcional al total de damnificados de cada localidad y con destino a la asistencia social directa de sus pobladores.

También se afecta hasta la suma de 200 millones destinados a la asistencia de micro, pequeñas y medianas empresas en los términos del artículo 2 de la ley nacional 24467 y cooperativas agrícolas que cumplan con los requisitos de que sus ingresos provengan mayoritariamente de su actividad específica y estén radicadas en una localidad que haya sido declarada zona de emergencia o desastre. Lo dispuesto precedentemente se implementará mediante el pago de una suma de dinero de carácter no reembolsable debiendo publicarse la nómina de los beneficiarios y montos asignados en medio fehaciente.

Para ser beneficiario de la presente ley los solicitantes deberán acreditar domicilio real y fiscal en la provincia del Chaco al 31 de diciembre de 2018 y demás requisitos que establezca la reglamentación.

El poder Ejecutivo queda facultado para celebrar contratos así como también realizar todos los demás actos relativos a la adecuada implementación y ejecución de lo dispuesto por la ley, además deberá presentar en forma semestral un informe a la Cámara de Diputados sobre las actividades llevadas adelante y estado de situación de los fondos autorizados por la presente ley.

Debate previo
Antes del tratamiento de la ley que finalmente fue sancionada, los presidentes de las bancadas mocionaron el tratamiento de distintos proyectos como primer punto de la alteración del Orden del Día, esto generó un extenso debate que luego pasó a un cuarto intermedio durante el que se llegó al despacho de consenso.

El diputado Carim Peche mocionó el tratamiento como primer punto del proyecto de Ley 1994/19 autoría de legisladores del interbloque Cambiemos -que contaba con despacho unánime de la comisión de hacienda- por el que se pretende autorizar al Poder Ejecutivo a contraer empréstitos por hasta un monto de $1.500.000.000, o su equivalente en moneda extranjera, con destino a la capitalización de fondos fiduciarios existentes, o a la constitución de nuevos fondos, los que tendrán por objetivo, ante la situación de emergencia hidrometeorológica, implementar acciones destinadas al sostenimiento de la cadena de pagos del sector productivo y comercial, la restitución de los mecanismos de financiamiento de la campañas agrícolas del año en curso, además financiar asistencia social directa a damnificados.

El titular de la bancada opositora enfatizó que este proyecto “comprende la asistencia directa a los damnificados, los fondos hay que ir a gestionarlos, pero creo que es la herramienta necesaria que necesita el gobierno de la provincia, recorrimos los lugares, y hay que sostener al aparato productivo”.

En tanto, desde la bancada oficialista el diputado Hugo Sager recordó que el Gobierno mandó a esta Legislatura dos proyectos de Leyes, el primero es el 224/19 por el que el Ejecutivo requiere la autorización para endeudarse por hasta el monto de hasta 400 millones para el financiamiento de la ejecución de proyectos en el marco del Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional (FFFIR) -ley 24.855-, que consiste en asistir a las provincias y al Estado Nacional, en la financiación de obras de infraestructura económica y social tendientes a la utilización de mano de obra intensiva, la integración nacional, la disminución de los desequilibrios socioeconómicos, el desarrollo regional y el intercambio comercial.

En cuanto al segundo, explicó que se trataba del 376/19 que requería autorización para efectuar las operaciones de crédito público para contraer empréstitos por un monto de 50 millones de dólares a ser tomados de organismos multilaterales de créditos con claro direccionamiento a obras de canales, el mejoramiento de caminos rurales, y también el equipamiento de algunas áreas como el APA, Sameep, Secheep, y el sistema sanitario provincial.

En ese sentido, señaló que “de aquel momento a hoy no hemos logrado el acompañamiento del bloque Cambiemos para ser tratados y aprobados ambos proyectos, producto de ello llega información a esta provincia del Fondo Financiero para la Cuenca del Plata –Fonplata- respecto a que la elegibilidad de nuestra provincia para ser beneficiada por estos 50 millones de dólares dejó de ser prioridad para pasar a otras provincias o proyectos”.

Por lo tanto, dado que “ese proyecto hoy no tiene sentido que lo aprobemos, en virtud de que hemos perdido esa posibilidad, nuestra bancada además de lamentar esto insiste en la aprobación como primer punto del proyecto de 400 millones que tiene como fuente el Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura, por todo el trabajo, análisis, explicaciones que se hicieron”.
En otro orden de cuestiones planteadas para el inicio del tratamiento desde el Bloque Frente Grande Daniel Trabalón, planteó que se trate como primer punto de la alteración del Orden del Día se trate el Proyecto 27/18 de ley, de su autoría, a través del cual se propone se declare la emergencia tarifaria en todos los servicios públicos de energía eléctrica, agua potable y trasporte público de pasajeros, ya sean prestados directamente por el estado provincial o a través de empresas concesionarias, por el término de un año.

“Entendemos que es necesario replantear esta iniciativa con modificaciones, en atención a que la situación actual de la provincia amerita declarar la emergencia económica, social, y ambiental, esto es tratar la problemática actual, la situación de emergencia actual, en el marco de la ley que plantea en uno de los puntos la convocatoria a la mesa de concertación política y social, sancionada por unanimidad de esta Legislatura” sostuvo.


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