Diputadas repudiaron la violencia policial hacia familias Qom de Fontana

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Las diputadas provinciales Andrea Charole, Élida Cuesta, Liliana Spoljaric y María Elena Vargas manifestaron su absoluto repudio a la violencia institucional ejercida hacia integrantes de una familia Qom de la localidad de Fontana. Lo realizaron a través de un proyecto de resolución presentado ante el Poder Legislativo del Chaco.

Personal policial de la Comisaría Tercera de la Policía del Chaco, ingresaron el pasado sábado, en la casa de una familia indígena del Barrio Banderas Argentinas, sin orden de allanamiento, golpeando a quienes estaban en el interior de la vivienda donde se encontraban mujeres, jóvenes y menores de edad. Los mismos padecieron una sucesión de prácticas brutales, arbitrarias e ilegales por parte del personal policial.

“Son hechos gravísimos que se producen en plena crisis y emergencia sanitaria, otra tragedia más que padecen las comunidades indígenas de nuestra provincia”, expresaron.

Las legisladoras solicitaron al Ejecutivo la investigación en estos hechos delictivos y sancione al personal policial que intervino, los identifique y se establezca responsabilidades y sanciones correspondientes. Además, pidieron que se refuerce el acompañamiento institucional e integral a las víctimas y sus familias.

“Es indispensable reconocer la vigencia de los derechos humanos en tiempos ordinarios y extraordinarios, contar con garantías constitucionales para combatir esta crisis a raíz del contexto pandémico. Debe funcionar un comité de crisis, integrado por todos los actores de la sociedad, a fin de contrarrestar el despliegue de políticas represivas, racistas, arbitrarias y generar, otros modos de conciencia social sin el uso ilegal y arbitrario de la fuerza policial”, sostuvieron.

“La pandemia golpea más fuertemente a los sectores populares, en particular a los pueblos originarios, profundizando las desigualdades e injusticias preexistentes. En este contexto evidenciamos claramente el hostigamiento, la violencia institucional y el abuso de poder por parte de la fuerzas de seguridad, a las que se les delegó el cuidado sanitario. Así es como no tardó en emerger el racismo y la persecución hacia miembros de una comunidad indígena”, señalaron.

“El objeto de la presente Resolución es manifestar repudio absoluto ante un hecho que videncia sin lugar a dudas, la violación de los derechos humanos. En los barrios indígenas, esta pandemia y el aislamiento social se vive de otra manera, a medida que avanzaron los días, aquello que empezó como una duda acerca del comportamiento de las fuerzas policiales en cuarentena, hoy vemos que es una certeza. Este tremendo episodio de violencia brutal contra una familia indígena, el pasado sábado 30 de mayo del corriente años en el Barrio Banderas Argentinas de la localidad de Fontana, ocurre en plena pandemia que además de soportar el COVID-19 comparten otro factor de riesgo: el de ser indígenas”, expresaron.

“No podemos negar que estas actitudes y acciones siempre existieron, pero que ahora se agravan, porque las situaciones de crisis o emergencia se prestan para el abuso y las arbitrariedades, ya sea por parte de las fuerzas de seguridad, funcionarios de diversos organismos, centros de salud, vecinos o los agentes económicos. Como ocurre con el pobre, lamentablemente se construye un discurso sobre el indígena que lo muestra como riesgoso o culpable de la propagación del coronavirus, que hay que entenderlo como parte de la demonización que siempre se hace de ‘el otro’ culturalmente hablando”, lamentaron.

“El indígena no es pobre, sino que fue empobrecido por un proceso histórico de expropiación y una lentitud muy grande en revertir esta situación por parte del mismo Estado y que en algunos períodos hasta jugó abiertamente a favor de esa estigmatización y discriminación. Es necesario alzar la voz, ya no podemos seguir tolerando las injusticias que sufren los pueblos indígenas de todo el mundo”, aseveraron las legisladoras.

“Es nuestra obligación como estado responder con igualdad racial a la pandemia del coronavirus. Es necesario que como estado se garantice los derechos de las víctimas de hechos brutales como este y llevar tranquilidad a las familias”, concluyeron.

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