El ministro de Hacienda de la provincia, Cristian Ocampo, declaró ayer, en calidad de imputado, en la causa denominada “Lavado I”, que investiga a exfuncionarios provinciales y particulares acusados de lavado de dinero, entre otros delitos. Lo hizo en el Juzgado Federal de Resistencia, con la presencia de la jueza, Zunilda Niremperger; el fiscal, Patricio Sabadini y su abogado defensor, Juan Carlos Saife. Ocampo declaró por un lapso de más de dos horas y negó tener implicancia en las decisiones de la distribución de la pauta publicitaria del gobierno, atribuyendo esa responsabilidad de esta cuestión al exsecretario General de la Gobernación, Horacio Rey (actualmente detenido).

El ministro Ocampo como su esposa, la contadora Alicia Ceferina Vázquez, fueron acusados por el fiscal por presunto “fraude en perjuicio de la administración pública” (en siete hechos). A Ocampo, además, se lo imputa por “incumplimiento de deberes de funcionario público”. En su acusación, el fiscal Sabadini recordó que Horacio Rey era la autoridad de aplicación y fiduciante del Fideicomiso de Pautas Publicitarias (Fappo). En este sentido, era quien podía nutrir de fondos al Fappo, así como los demás fiduciantes. Sin embargo, luego del dictado del decreto 767/2016, los incrementos que provengan de rentas generales debían requerir la intervención del Ministerio de Hacienda (a cargo de Ocampo) para controlar que exista factibilidad presupuestaria.

Previo a este pedido de ampliación presupuestaria, Rey elaboraba una lista de medios habilitados para ser contratados, el que luego se imprimía y remitía a Fiduciaria del Norte. El listado era firmado luego por el vicepresidente del Directorio y la Gerente General de Fiduciaria del Norte, en este último caso, por la esposa del Ministro de Hacienda, Alicia Vazquez. Vazquez luego fue reemplazada por Gustavo Katavich (hoy detenido).

La sospecha del fiscal Sabadini apunta a que gran parte de los fondos destinados a pautas fueron direccionados a fundaciones y empresas fantasmas, y luego, ese dinero ilícito era introducido en la economía formal a través de distintas operaciones de lavado de dinero (con la compra de lanchas, por ejemplo).

La acusación del fiscal afirma que Rey detentaba un “absoluto control y discrecionalidad” para establecer las listas de contrataciones y asignación de pautas publicitarias oficiales, como así “disponer el pago de las mismas”. Esta actividad era realizada conjuntamente con el contador Gustavo Katavich, personal de la Fiduciaria del Norte SA y a quien Rey habría afectado a la coordinación del Fideicomiso de Pauta Publicitaria Oficial (Fappo).

Para el fiscal, Rey y Katavich crearon un sistema informático de administración y gestión de este fideicomiso, que se dio en llamar “Fappo Gestión” y funcionaba de manera paralela al sistema contable existente anteriormente llamado “SAP” y al cual ambos tenían acceso irrestricto. Es decir que, según la acusación, ellos mismos decidían a quién pagar y a su vez controlaban que esas empresas cumplan con el (en teoría) servicio prestado al Estado, en un sistema totalmente paralelo al de la Fiduciaria del Norte.