El juez federal Julián Ercolini envió a juicio oral a la ex presidenta Cristina Kirchner, a Lázaro Báez y su hijo Martín, al ex ministro de Planificación Julio De Vido, al ex secretario de Obras Públicas José López, al ex subsecretario de Coordinación de Obra Pública Carlos Santiago Kirchner, al ex director de Vialidad Nacional Nelson Periotti y otros procesados por el direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz al Grupo Austral, del mencionado empresario detenido.

El magistrado lo dispuso a partir del pedido del fiscal Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, con lo cual elevó el expediente a un Tribunal Oral Federal para que someta a juicio a los ex funcionarios. En total, son 20 las personas involucradas en la causa.

Con esta decisión, Ercolini hizo caso del pedido de la ex mandataria, quien en enero de este año le pidió que la mandara a juicio oral y público por esta causa, así como también presenciar el sorteo del tribunal que estará a cargo.

En el expediente se investiga la entrega por parte de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner de 52 contratos de obras viales para Santa Cruz por 46 mil millones de pesos que presentaron irregularidades. La causa se inició por una denuncia del gobierno al inicio de su gestión y actúan como querellantes, además, la Oficina Anticorrupción (AO) y de la Unidad de Información Financiera (UIF).

Según la acusación fiscal, "se montó una organización criminal orientada a la sustracción de fondos públicos por medio de la asignación discrecional de prácticamente el 80 por ciento de las obras viales adjudicadas en la provincia de Santa Cruz en favor de las empresas de Lázaro Antonio Báez, lo que representó la contratación del Estado por más de 46 mil millones de pesos".

Se trató de una maniobra con una "estructura coordinada de personas, con división de roles y permanencia en el tiempo por más de diez años, que le permitió a sus responsables sustraer de las arcas públicas miles de millones de pesos a través de la obra pública vial".

Los fondos públicos fueron girados a Valle Mitre, empresa de Báez, y eran "remitidos mensualmente como dinero limpio en concepto de canon locativo a los ex presidentes y a sus hijos" por el alquiler de plazas hoteleras.

"Santa Cruz, lejos de ser beneficiaria de una legítima política del gobierno federal, fue el escenario escogido para el obrar mancomunado ilegal de un grupo de funcionarios que comandados por los titulares del Poder Ejecutivo Nacional, utilizaron la propia burocracia estatal para proveer los fondos a dicha provincia, para que una vez allí, llegara a manos de Lázaro Báez", según el fiscal Pollicita.

Incluso, se indicó que De Vido montó una estructura dentro del Ministerio de Planificación Federal para direccionar la obra pública a favor de Báez.


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