Cristina Fernández culpó al “gobierno saliente” de ordenar la causa en su contra

La vicepresidenta electa insistió en denunciar el "lawfare", repudió que su indagatoria no se transmita en vivo y apuntó a la "mesa judicial" de Macri.

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“¿No les parece de trascendencia pública que la vicepresidenta electa esté sentada acusada de integrar una asociación ilícita?”, planteó la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner este lunes 2 de diciembre en el inicio de su declaración indagatoria en Comodoro Py.

La vicepresidenta electa declara ocho días antes de asumir su mandato ante los jueces del Tribunal Oral Federal 2, que la investiga como presunta “jefa de asociación ilícita” en una causa por supuesto direccionamiento de la obra pública.

En su discurso, la senadora nacional denunció que el “gobierno saliente” de Mauricio Macri impulsó esta causa en su contra, volvió a cuestionar a los magistrados por no permitir que la audiencia se transmita en vivo y hasta habló del traspaso de mando de 2015.

CFK repudió al Poder Judicial por impedirle traspasar el mando a Macri hace cuatro años. “No me dejaron, yo quería ir a la asamblea y un magistrado dijo que yo no podía. Tuvimos un presidente provisional, no votado, el entonces senador Federico Pinedo”, sostuvo en referencia al fallo dictado entonces por la jueza federal con competencia electoral, María Romilda Servini.

“Fui también Presidenta de la República, la primera mujer. Sin embargo, a solicitud del Gobierno entrante, mi mandato terminó el 9 de diciembre a las 12 de la noche cual Cenicienta. Así terminó el mandato de las dos veces presidenta electa de los argentinos”, expresó la senadora nacional.

“Cuando termine el mandato del presidente Macri, ¿Lo harán terminar a las 12 de la noche del 9 de diciembre? No. Verán que hubo una sola sentencia para no permitirme ir a una asamblea legislativa, donde correspondía que yo fuera a entregar el mando y la banda”, añadió.

En su discurso, Cristina apuntó a la “mesa judicial” del gobierno actual por las diversas causas en su contra. En este caso en particular criticó también el rol de la Oficina Anticorrupción, la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).

En ese sentido, remarcó el hecho que Laura Alonso, titular de la OA, no es abogada como exige el reglamento del organismo. “Podemos hablar de la estructura de la AFI, de Arribas y de Majdalani, y de la causa de Dolores, que el tribunal debería tener en cuenta”, señaló.

“El gobierno que se va tenía una mesa judicial que decidía quién iba preso, quién no, a qué empresario había que apretar para que no vaya preso, para que venda sus empresas”, cuestionó luego CFK. Y remarcó que el expediente de la obra pública “fue un plan ordenado por el gobierno saliente”.

La expresidenta se refirió también a Martín Irurzun y a la “doctrina Irurzun”, instalada desde fines de 2017 y que desencadenó la serie de detenciones de exfuncionarios y empresarios vinculados al kirchnerismo. “Irurzun te escucha e Irurzun te mete preso. Esa sería la fórmula de Comodoro Py”, denunció.

También dedicó una mención al fiscal Carlos Stornelli, sin nombrarlo, declarado en rebeldía por los sucesivos “faltazos” a declarar en el “Caso D’Alessio” en Dolores. “Siempre asistí a las indagatorias. No fue la misma actitud de todos los de este edificio que después de acusar a medio mundo tardó ocho meses, nueves meses, para ser indagado de cosas gravísimas”, destacó Cristina.

“Quieren impedir que el pueblo argentino conozca la verdad sobre lo que acusan a Cristina”, planteó esta mañana el senador Oscar Parrilli sobre la negativa de los jueces ante el pedido de la defensa. La propia CFK publicó anoche un hilo en Twitter, en el que calificó el juicio oral como un “caso paradigmático de Lawfare en la Argentina”. Además, cuestionó que no se transmita su discurso mientras “las mentiras, difamaciones y descalificaciones” sobre su persona hayan sido “planificadamente publicadas y televisadas en vivo y en directo”.


La causa

El caso conocido como “Obra Pública” investiga el presunto direccionamiento de 52 obras viales al Grupo Austral, de Lázaro Báez. Además de la vicepresidenta electa y Báez hay otros 11 acusados, entre los que se cuentan el exministro de Planificación Julio De Vido y el ex secretario de Obras Públicas, José López.

El caso fue instruido por el juez federal Julián Ercolini, quien procesó a Cristina en diciembre de 2016, cuando también le trabó un embargo por 10 mil millones de pesos. Con la presentación de la expresidenta de este lunes se cerrará la ronda de indagatorias, ya que es la última de los 13 acusados en el caso en presentarse en esta instancia.

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