El Defensor del Pueblo Gustavo Corregido se refirió al reciente  decreto Presidencial N ° 652/2017 por el cual se delega en el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich,  la facultad de clausurar ramales ferroviarios en forma definitiva y proceder al levantamiento de vías y demás instalaciones ferroviarias. Según él, se trata de una medida que provocará el desmantelamiento del servicio de trenes de pasajeros.

Recordó que en el Foro de Negocios del pasado diciembre, (también denominado Mini Davos), Dietrich anunciaba que el programa del gobierno consistía en atraer inversores para que se hagan cargo de los ramales ferroviarios que parten de Buenos Aires a Córdoba – Rosario - Mar del Plata y Tucumán, siendo los demás servicios transferidos a las provincias, pudiendo inferirse que un mecanismo para atraer a los inversores consistiría en mejorar las condiciones de la infraestructura ferroviaria para lo cual es necesario contar con materiales a tal fin.

Ello guarda relación con el artículo segundo del Decreto N° 652/2017 el cual establece que la infraestructura ferroviaria que se resuelva remover – rieles, durmientes, aparatos de vías y el resto de los bienes muebles - quedarán en poder de la Administración de Infraestructuras Ferroviarias del Estado, la que seguramente dispondrá de ellos para realizar el mantenimiento de la red ferroviaria donde “alguien” determine que es necesario.

“Es particularmente preocupante que una decisión que antes correspondía al Presidente de la Nación - en virtud del alto grado de importancia social – se intente reducirlo a una disposición meramente administrativa que, según considera el Decreto 652/2017, es a los fines de establecer procedimientos administrativos basados en criterios de racionalidad y eficiencia”, advirtió Corregido, quien además recordó que en la reciente reunión de la Comisión de Transporte de la Cámara de Diputados de la provincia, convocada por su presidenta, la diputada Damilano Grivarello, se resolvió manifestar la preocupación por las consecuencias económicas y sociales que podría tener para la provincia del Chaco la aplicación del Decreto 652/2017 en virtud de las amplias facultades que confiere al Ministro de Transporte de la Nación y llevar adelante un plan de trabajo tendiente a revertir las políticas del Estado Nacional que perjudican a nuestra provincia.

En dicha reunión ha quedado a la vista la gravedad de la situación del sistema ferroviario de pasajeros del Chaco, el cual consta actualmente con sus tres ramales suspendidos según se informa en la página Web de Trenes Argentinos (Sáenz Peña – Choritis, Resistencia /Cacuí – Los Amores y el servicio urbano Puerto Tirol- Puerto Vilelas). Cabe destacar que el presidente comunal de Los Amores, Omar Walker, resaltó el rol del ramal Cacuí – Los Amores porque únicamente gracias al recorrido de ese tren durante el último período de lluvias la localidad no quedó aislada de los centros urbanos que proveen bienes y servicios a los 1300 habitantes.

“Por otro lado, a su vez también la decisión de la Nación de suspender las obras en el ramal C3 de transporte de carga, ratifica la dirección de la política nacional de aislar al Chaco tanto en su faz productiva como faz social. Con esa medida cortaron a los chaqueños la posibilidad de transportar granos por tren hasta el puerto, lo que perjudica a los productores primarios. Esto no permite que tengan ventajas comparativas en relación a otros productores del país porque no pueden abaratar los costos de los fletes y los deja sin la posibilidad de obtener mayor margen de ganancias”.

Y continúa: “Por todo lo expuesto, debo informar a la comunidad que la Defensoría del Pueblo de la Provincia del Chaco realizará las intervenciones que, conforme a sus competencias, permitan defender los intereses del conjunto de los chaqueños tal como lo viene haciendo desde el momento de su creación, en representación de los derechos colectivos que se anuncian serán vulnerados en virtud de la aplicación del Decreto Nacional 652/2017”.

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