Un tribunal de Malasia ha condenado este lunes a un ciudadano danés de origen yemení a una semana de cárcel y una multa de cerca de 2.100 euros por difundir un vídeo crítico con la policía, según ha informado Reuters. Salah Salem Saleh Sulaiman, de 46 años y que había llegado con un visado de visita al país del sureste asiático, se convierte así en la primera persona condenada por desinformación desde que el pasado 2 de abril el Parlamento aprobara la ley contra las noticias falsas. Varias organizaciones de derechos humanos han cargado contra la ambigüedad de la nueva norma y han manifestado su temor a que sea usada para silenciar voces opositoras al Gobierno de cara a las próximas elecciones generales, convocadas para el 9 de mayo.

"Reconozco haber cometido un error... pido seriamente disculpas a todos en Malasia y no solo a la policía", ha dicho en inglés el imputado ante un tribunal de Kuala Lumpur, la capital del país, según recoge Reuters. El danés, que no fue representado por un abogado, ha asegurado que el vídeo fue publicado en un "momento de enfado". Saleh Sulaiman se ha declarado culpable ante el juez y, según ha publicado The Straits Times, ingresará un mes en prisión debido a que no puede hacer frente a la multa que le ha sido impuesta.

El acusado había publicado un vídeo en YouTube en el que aseguraba que el pasado 21 de abril fue testigo del asesinato en Kuala Lumpur de Fadi al Batash, un ingeniero palestino supuestamente vinculado al movimiento islamista Hamás (en el poder en Gaza). En la grabación, proyectada durante el juicio, el ciudadano danés denuncia en árabe que, pese a sus insistentes llamadas, la policía y la ambulancia tardaron 50 minutos en llegar al lugar de los hechos. Sin embargo, la policía ha asegurado que llegó en menos de diez minutos y presentó una denuncia contra el ciudadano de origen yemení, que fue detenido el pasado 23 de abril.

Según el tribunal, Saleh Sulaiman publicó "noticias falsas con mala intención a través de un vídeo en YouTube". El ciudadano danés había llegado hacía tres semanas al país asiático y estaba hospedado en casa de un amigo, según ha informado The Sun Daily. Ante los jueces, el acusado declaró que tenía previsto estar en el país por un periodo de diez días y que ignoraba la legislación local.

Una ley contra las noticias falsas
El pasado 11 de abril entró en vigor una ley en contra de las noticias falsas, que había sido aprobada en ambas cámaras del Parlamento la semana anterior. Esta ley, recogida en la gaceta oficial del país, estipula que cualquier persona que "de manera maliciosa" crea, publique y distribuya noticias falsas podrá ser castigada con hasta seis años de cárcel y una multa de hasta 170.000 dólares (más de 138.000 euros).

En este nueva ley, las noticias falsas son definidas como "cualquier noticia, información, dato o informes, que es o son totalmente o parcialmente falsas, ya sea en forma de reportaje, vídeo o grabaciones de audio". Diversas organizaciones de defensa de los derechos humanos, así como miembros de los partidos de la oposición, han denunciado la nueva norma y consideran que la definición que se da a las noticias falsas es demasiada ambigua.

"La definición abre la posibilidad de ser utilizada para reprimir la libertad de expresión", ha señalado por correo electrónico a EL PAÍS Nisshanthan Dhanapalan, portavoz de Amnistía Internacional en el país asiático. Según la organización no gubernamental, la nueva norma podría ser usada en contra de personas críticas con el Gobierno, pero también contra periodistas y líderes de la oposición. "En vez de ser clara y definida, la ley es deliberadamente un cajón de sastre", ha agregado.

En un comunicado publicado después de la aprobación de la nueva norma, la organización Human Rights Watch había denunciado también la nueva ley, refiriéndose al escándalo en el que se encuentra envuelto el actual primer ministro del país, Najib Razak. Los comicios se anuncian difíciles para el jefe de Gobierno —que busca ser reelegido por tercera vez en las próximas elecciones generales del 9 de mayo—, ya que está salpicado por un escándalo financiero de millones de dólares en el que está involucrado un fondo estatal endeudado, llamado 1MDB (Malaysia Development Berhad). Razak ha negado cualquier responsabilidad en el asunto.


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