La fórmula de movilidad impulsada por el Gobierno haría que las jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales reciban una suba nominal en 2018 de entre el 20 y el 22%. En cambio, si se mantuviera el sistema actual, el incremento sería de 24 o 25%. Las cifras surgen de proyecciones de varias consultoras consultadas por La Nación.

Por la diferencia que, en promedio, se calcula que resultaría de aplicar una u otra fórmula, puede concluirse que alguien con un haber de $ 10.000 tendría, en diciembre de 2018, unos $ 200 menos en su ingreso mensual respecto de lo que lograría si no se aplicaran cambios. Al terminar el año, esa persona habrá cobrado unos $ 5000 menos (sumados los ingresos de todos los meses y el aguinaldo).

Este efecto se produciría, en gran medida, por la frecuencia con que se darían los ajustes: el esquema actual contempla otorgar una suba en marzo en compensación por lo ocurrido en el segundo semestre de este año, en tanto que con la reforma, esa recomposición quedaría desdoblada. Se daría en marzo lo que arroje la fórmula por el tercer trimestre, y en junio se pagaría el porcentaje que resulte de hacer la cuenta con las variables del cuarto trimestre.

Una proyección del Ieral indica que el sistema actual daría, en todo 2018, un ajuste del 25,3%, mientras que el esquema propuesto arrojaría un 21,2%. En ambos casos se estima que se superaría la inflación, pero en diferentes proporciones: sin cambios, el aumento real sería del 5,4%; con la reforma, del 1,9%.

Según los economistas de la consultora, la diferencia en el porcentaje del aumento anual se corregiría si el ajuste de marzo contemplara el segundo semestre completo. Pero el Gobierno no aceptó modificar el proyecto en ese sentido.

Según Fausto Spotorno, de la consultora Orlando Ferreres, hay que tener en cuenta que la proyección de lo que daría la fórmula vigente supone que no se cumple el pacto fiscal al que llegaron la Nación y las provincias. ¿Por qué? Porque hoy la movilidad contempla, entre sus variables, la evolución de la recaudación de impuestos que financian parte de las jubilaciones.

Y por el compromiso de enviar dinero a las jurisdicciones, la fuente de financiamiento de la Anses sería afectada. Con esa salvedad y suponiendo que todo (incluso lo tributario) siguiera igual, en la consultora estiman que el efecto del cambio sería un haber, en promedio, 2,4% más bajo.

En el Iaraf dicen que con la fórmula aún vigente los haberes recuperarían un 6,4% de su poder de compra al finalizar 2018. Pero con el cambio, esa mejora se reduciría al 1,5%. Los economistas de la consultora advierten, sin embargo, que el escenario actual sería difícil de sostener: "Es crucial enfrentar el problema del déficit que presenta el sistema previsional", señalan.

También pone el foco en la sustentabilidad la economista Soledad Pérez Duhalde, de Abeceb, donde estiman que si todo siguiera igual, los ingresos tendrían un aumento nominal de 27,1%, cinco puntos por arriba de lo que se cree que podría dar el cálculo propuesto.

Y según las cuentas de Eco Go (ex estudio Bein), las recomposiciones serían de 20,6% o de 24,4%, según se aprueben o no los cambios tributarios y previsionales.

El Gobierno presentó sus propias estimaciones. El ministro de Trabajo, Jorge Triaca, dijo en el Congreso que en 2018 la fórmula propuesta daría un alza de 21,8% y que, con una inflación del 16,6%, la mejora real sería del 4,5%. Los funcionarios no presentaron proyecciones del alza que habría de no haber cambios.


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