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La diputada Andrea Charole presentó el proyecto de ley N°627/2019, el cual establece la creación en el ámbito de la Provincia del Chaco de un régimen de Consorcios de Comedores Escolares, que son entidades de bien público, de servicios a la comunidad educativa, sin fines de lucro.

El mismo estará integrado por trabajadores del establecimiento escolar como así también por padres de los alumnos que concurren al mismo y/o el centro de estudiantes, que se dedican día a día a la tarea del abastecimiento y posterior elaboración y/o atención de los comedores, con el objeto de aunar esfuerzos estableciendo una organización común con la finalidad de facilitar, desarrollar, incrementar o concretar aportes económicos de distinta naturaleza para lograr contención, desarrollo y fortalecimiento para el mantenimiento alimentario de los alumnos que concurren al establecimiento.

La autora del proyecto resaltó, "es poder manejar de manera directa los recursos que se destinen a los comedores escolares, sin la intervención de todo otro organismo estatal o no, sin la intromisión de terceros, porque desde el Ministerio de Desarrollo Social sostiene que se envía y se firma convenios con los distintos entes autárquicos y/o municipales sobre el sostenimiento de los comedores escolares, pero la ayuda nunca llega".

La legisladora explica en su proyecto, "Los que conocen de manera incisiva e inmediata las necesidades por las que atraviesan las comunidades educativas para cumplir con la ración diaria para los chicos son aquellas personas que día a día trabajan para tal fin, ya sea aprovisionando de todo lo necesario para poder elaborar la comida, como así también en el proceso de elaboración de los alimentos; estos son los padres, docentes, colaboradores de la institución, que de manera voluntaria ayudan en este estadio gastronómico."

La compra y distribución de los alimentos pueden ser realizadas por la escuela. Este modelo supone una minimización de los costos de transacción en la compra y la distribución (definición de la compra, traslado, stock), lo que abarata los costos y simplifica la gestión de la administración provincial.

Que las escuelas sean responsables de comprar y distribuir genera una amplia heterogeneidad en la calidad del servicio, que se asocia (sobre todo) con la disponibilidad y capacitación del personal, y con la ubicación geográfica del establecimiento. En algunos casos, los directores deben utilizar sus propios vehículos para comprar y transportar los insumos.

La buena alimentación es, además de un derecho fundamental, una condición esencial para el crecimiento y el aprendizaje.

Este contexto pone a los servicios alimentarios del sistema educativo en la mira. Más de 4,5 millones de niños y niñas, la mayoría de sectores vulnerables, se alimentan en la escuela: allí desayunan, almuerzan o meriendan.

Por su función nutricional, el comedor escolar es un factor de atracción y retención de los alumnos. Además, es un espacio educativo, donde se complementa la alimentación del hogar y se transmiten hábitos de comensalidad, higiene y nutrición.

Los comedores escolares cobraron especial relevancia, la pobreza estructural y los problemas nutricionales persistentes sostienen la necesidad de la alimentación escolar. La expansión del nivel inicial y la ampliación de la jornada escolar en el nivel primario también requirieron el aumento de los servicios alimentarios.

El servicio de alimentación escolar presenta falencias en buena parte de la provincia: una inversión escasa y discontinua; marcos legales fragmentarios o ausentes; directores de escuela abocados principalmente a la compra y el traslado de los alimentos; cocineros informales y escasamente capacitados; docentes que sirven las comidas y acompañan a los alumnos sin recibir adicionales salariales por la tarea; estrategias de educación nutricional escasas y discontinuas, y controles infrecuentes.

Actualmente, se ha dictado del decreto 1344/18 que establece que el Ministerio de Desarrollo Social tiene a su cargo lo relativo a comedores escolares, porque como se sabe, esta acción gubernamental venía siendo realizada por el Ministerio de Educación, lo que se modificó a partir de un convenio firmado por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación con su homónimo provincial, en acuerdo con los lineamientos establecidos en el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria”.

Charole enfatizó, "en nuestra provincia tenemos muchísimos sectores vulnerables, pueblos y parajes al libre albedrío, librados a la buena de Dios por así decirlo, los niños no entienden las palabras “hoy no tenemos”, ellos solo piensan y sienten el hambre".

“Me pregunto, como ser humano, y con las necesidades fisiológicas que tenemos: ¿podría pensar en estudiar si tengo hambre? ¿Podría llegar a perfeccionarme y salir de la pobreza (anhelo indiscutido de quien sufre estas falencias) si tengo hambre? ¿A cuál de estas metas pondría en primer lugar educación o hambre?” finalizó.


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