(*) Por Angel Rozas
La plena participación en condiciones de igualdad de la mujer en la vida civil, económica, social, cultural y política, así como la erradicación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, constituyen un mandato en nuestra Constitución, que a partir de la reforma de 1994, en sus artículos 37 y 75 inciso 23 incorpora la noción de igualdad de género, en sus diferentes vertientes: igualdad de género para acceder a cargos públicos e igualdad real de oportunidades y de trato; dando además, jerarquía constitucional a los Tratados Internacionales de Derechos Humanos por los cuales nuestro país debe promover la igualdad real entre varones y mujeres.
El 23 de noviembre se dió un paso trascendental en nuestra vida democrática y en la concreción de lo que ya señala nuestra Carta Magna, se aprobó en el Congreso la “paridad de género”. Acompañé el proyecto, teniendo a su vez un dictamen de minoría en el que, además de en los cargos electivos, proponía la paridad en el poder ejecutivo, en el poder judicial y en los sindicatos. Estos son los retos que nos quedan.
Para fortalecer la democracia y las instituciones es imprescindible alcanzar la igualdad entre varones y mujeres. Es por ello, que presenté diversas iniciativas sobre paridad para la integración de las listas de cargos nacionales, sobre paridad en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, también establecimos la paridad en la Carta Orgánica Municipal en Resistencia para alcanzar la paridad en cargos legislativos y otras tantas iniciativas presentadas en la Legislatura Provincial.
Provengo de un partido que desde su nacimiento contó con la participación de las mujeres e iniciativas para garantizar la igualdad. Mujeres como Elvira Rawson en las filas de la Revolución del Parque, las mujeres de los Comité Feministas durante el Yrigoyenismo, el trabajo conjunto con las socialistas e independientes. Uno de los primeros proyectos en pos de los derechos políticos de las mujeres fue presentado por el diputado radical Rogelio Araya, en 1919.
Durante el gobierno del Dr. Raúl Ricardo Alfonsín se creó la Dirección Nacional de la Mujer, que en 1987 se transformó en Subsecretaría de la Mujer y que durante el gobierno de Menem sería reemplazado por el Consejo Nacional de la Mujer y, desde el 10 de diciembre de 2015, el Instituto Nacional de las Mujeres-INAM, que cuenta con mayor autonomía en las decisiones y en el manejo presupuestario.
El INAM, en la conducción de Fabiana Tuñez, ha recuperado la función de garantizar los derechos de las mujeres. Es clave el establecimiento del Plan Nacional para Prevenir, Erradicar y Sancionar la Violencia Contra las Mujeres, flagelo que se cobra la vida de una mujer cada 30 horas en nuestro país. Así como tantas otras acciones contundentes en pos de la igualdad.
En 1991 con la sanción de la Ley 24.012 de Cupo Femenino Argentina se transformó en el primer país del mundo que adoptó una cuota mínima del 30% para la participación de las mujeres en las candidaturas legislativas. Dos mujeres radicales, Norma Allegrone y Margarita Malharro de Torres fueron las primeras en presentar sendos proyectos en las Cámara de Diputados y Senadores, a fines de los 80’ apoyadas por sus correligionarias Florentina Gómez Miranda y María Teresa Morini, por la Red de Feministas Políticas y la Multisectorial de la Mujer.
Era hora, hace tiempo, de la paridad. Celebro que finalmente se haya logrado, pero también destaco los retos. La paridad tiene que ser transversal a todos los ámbitos: en la casa, en la co-responsabilidad de las tareas domésticas y de cuidado, en los sindicatos, en el sector privado donde las mujeres son muy pocas en las cúpulas empresariales, en el poder ejecutivo y en el judicial.
Es por ello que debemos persistir en la promoción de la participación de las mujeres en la sociedad y reconocer su decisiva contribución en la vida pública de los Estados, en plenitud de derechos e igualdad.
(*) Pte. Bloque Senadores Nacionales UCR
