La Jueza Federal N° 1 Zunilda Niremperger dispuso en una resolución del 30 de diciembre el procesamiento de once acusados por crímenes de lesa humanidad cometidos en el Chaco, como parte de la sistemática del terrorismo de Estado, por los delitos de privación ilegal de la libertad y tormentos agravados en perjuicio de 23 víctimas.
La resolución alcanza al exteniente coronel, Aldo Martínez Segon, el exteniente coronel, Tadeo Bettolli, y el exteniente primero, Alberto Patteta, pertenecientes al Ejército Argentino; al excomisario general, José Francisco Rodríguez Valiente, el exsuboficial mayor, Gabino Manader, el exsuboficial principal, Jorge Ángel Ibarra, el exsargento, José Marín, y el ex agente, Emilio Zarate, todos integrantes de la Dirección de Investigaciones de la Policía del Chaco.
Así también el oficial de la Alcaidía Policial, Juan Ramón Rodríguez Valiente, el exalcaide y jefe de guardia de la Cárcel Federal U7, Pablo César Casco, y el agente Ignacio López de Comunicaciones de la Policía del Chaco.
En los casos de Juan Ramón Rodríguez Valiente, Ignacio Lopez y Emilio Zarate, se ordenó su detención y prisión preventiva con la modalidad de arresto domiciliario, mientras que el resto de los procesados ya se encuentran cumpliendo diversas condenas.
La Resolución también decretó la falta de mérito del agente de la Alcaidía Policial, Humberto Ramón Maidana, y la prescripción de la acción por el fallecimiento en los casos de los imputados Carlos José Sartori, comandante de Gendarmería, y los cabos de Policía Félix Omar Balbuena y Martín Aguilar.
En el proceso fue apartado por incapacidad sobreviniente el suboficial de la Alcaidía Policial, Miguel Vitorello, y se encuentra en instancia de Junta Médica el agente de la Dirección de Investigaciones, Luciano Cáceres.
Es la quinta investigación judicial donde se reconstruyen y juzgan crímenes perpetrados por fuerzas de seguridad entre 1974 a 1977, en la Brigada de Investigaciones -el principal Centro Clandestino que funcionó en la provincia de Chaco y donde en la actualidad funciona la Casa por la Memoria-, como así también en la Alcaidía Policial y en la Cárcel Federal U7.
Las víctimas
En la causa Caballero IV hay 22 víctimas, entre ellas, un bebé de ocho meses detenido junto a su madre, 4 hermanas menores y estudiantes secundarios y universitarios, docentes y profesionales, todos ellos con militancia social en colegios, facultades, parroquias y barrios, así como también en Ligas Agrarias y en agrupaciones como la Juventud Peronista, el peronismo de base y el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT).
Las víctimas fueron secuestradas por operativos de fuerzas conjuntas del Ejército y la Dirección de Investigaciones de la Policía del Chaco.
Luego fueron llevadas al Centro Clandestino de detención de la Brigada de Investigaciones y después trasladadas a la Alcaidía Policial y a la Cárcel Federal U7.
